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El Gobierno modificó la reglamentación del RIGI: toda empresa constituida en el país será considerada proveedor local, sin importar el origen de su capital

Mediante el Decreto 1366/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó la reglamentación del RIGI (Decreto 749/2024) y dispuso que toda empresa constituida y domiciliada en la Argentina será considerada proveedor local, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital (manteniendo el criterio de origen Mercosur para los bienes).

Por Redacción

Martes, 17 de noviembre de 2026 a las 16:09

El Poder Ejecutivo introdujo una serie de modificaciones clave en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma actualiza el Decreto 749/2024 —reglamentario de la Ley Bases— para incorporar “adecuaciones puntuales” en cuatro ejes centrales: la definición de proveedor local, los plazos de inversión en proyectos de exportación estratégica, las reorganizaciones societarias y el cómputo de divisas ante el Banco Central.

El cambio de mayor impacto para la cadena de valor industrial, minera y energética radica en la eliminación del requisito de mayoría de capital argentino para calificar como abastecedor local. Bajo la nueva redacción, serán considerados proveedores locales todas las personas humanas con domicilio fiscal en la Argentina y las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el territorio nacional que presten servicios o provean bienes a Vehículos de Proyecto Único (VPU), sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida busca ampliar la concurrencia y favorecer la integración de las empresas instaladas en el país a las cadenas de suministro de los grandes proyectos, evitando que el origen del capital actúe como una barrera. En el caso de la provisión de bienes, se mantiene la exigencia de cumplir con los criterios de origen nacional establecidos en el marco del Mercosur.

Plazos de inversión, reorganizaciones societarias y acceso al mercado de cambios

Además de redefinir el estatus de los proveedores, el Decreto 1366/2026 establece precisiones operativas y financieras para los VPU adheridos al régimen:

  • Plazo único en Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo: Se fija una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, diferenciándola de los compromisos asumidos para cada una de sus etapas (sin alterar los montos previstos por fase) y exigiendo que dicho plazo resulte acorde con las prácticas razonables de cada sector.

  • Compraventa de acciones y cesión en UTE: Cualquier tercero podrá adquirir acciones de una sociedad adherida al RIGI sin que ello altere sus beneficios, aunque dicha compra no se computará para el piso de inversión exigido por ley. En el caso de las uniones transitorias de empresas (UTE) y contratos asociativos, podrán ceder participaciones o incorporar nuevos socios notificándolo a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de inscripta la operación (con acuerdo de los restantes miembros y asunción de garantías); si el organismo no formula objeciones en 30 días, la operación quedará aprobada, manteniendo el socio saliente responsabilidad solidaria por las obligaciones previas.

  • Conversión de sucursales dedicadas: Se habilita a las sucursales dedicadas a transferir la totalidad de sus activos, pasivos y obligaciones a una Sociedad Anónima (SA o SAU) constituida a tal efecto —previa autorización oficial—, conservando la fecha original de adhesión, los plazos y los beneficios del régimen.

  • Cómputo de divisas en el BCRA: Para los vehículos que utilicen beneficios cambiarios sobre cobros de exportaciones, el Banco Central podrá condicionar el acceso al mercado de cambios a que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las demandadas. Con la reforma, también podrán computarse en ese cálculo los dólares aportados o tomados vía deuda externa por los accionistas directos o indirectos, integrantes de UTE o casas matrices, siempre que se destinen efectivamente al proyecto y cuenten con trazabilidad contable.