El Gobierno nacional puso en vigencia una actualización integral de los procedimientos vinculados al Régimen de Inversiones para la Actividad Minera (Ley 24.196). La medida, oficializada por la Secretaría de Minería mediante la modificación del Anexo de la Resolución 30/2018, busca reducir cargas administrativas, ordenar los registros y agilizar la gestión de los proyectos, adaptando la normativa a las disposiciones del Decreto 482/2026.
Entre las principales innovaciones destaca la puesta en funcionamiento del Registro de Inversiones Mineras (RIM), una plataforma centralizada que identificará a los beneficiarios mediante CUIT y asignará un código único a cada proyecto para mejorar la trazabilidad. Asimismo, la norma establece nuevos procedimientos para empresas de servicios mineros, regula la presentación y validación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) y dispone una articulación directa con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para garantizar la continuidad registral de proyectos de gran escala.
Digitalización fiscal con ARCA y salto en la inversión exploratoria
En paralelo, la Secretaría de Minería y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzaron en la digitalización del mecanismo para recuperar el crédito fiscal del IVA correspondiente a actividades de exploración. A través de la Resolución General 5879/2026, las solicitudes pasan al Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA, abandonando el expediente en papel utilizado desde 2004.
Respecto del impacto operativo de la reforma y el contexto de inversiones del sector, la Secretaría de Minería y los datos oficiales precisaron los siguientes ejes centrales:
En relación con el mecanismo de fiscalización técnica de los gastos declarados, la Secretaría de Minería asumirá la evaluación para verificar que bienes y servicios —tales como estudios geológicos, perforaciones, ensayos mineralúrgicos y equipamiento especializado— estén estrictamente vinculados con proyectos de exploración registrados, manteniendo el período de 12 meses de acumulación de créditos fiscales.
En cuanto al crecimiento del gasto anual en exploración minera, los datos difundidos por el organismo gubernamental reflejan que los desembolsos pasaron de un rango de entre US$ 100 y US$ 200 millones (período 2014-2021) a alcanzar aproximadamente US$ 400 millones anuales en los últimos años, con un padrón actual de 74 empresas activas en tareas exploratorias.
Régimen transitorio y previsibilidad para el sector
La actualización normativa contempla además un régimen transitorio para los trámites en curso, garantizando que las declaraciones juradas ingresadas previamente continúen su procesamiento bajo las reglas vigentes al momento de su presentación inicial.
Desde la autoridad de aplicación remarcaron que el paquete de reformas apunta a generar mayor previsibilidad para las empresas, reducir la burocracia y fortalecer los controles, consolidando el marco regulatorio en un escenario de fuerte reactivación de la actividad minera en el país.