En el marco de una asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) celebrada el pasado 23 de septiembre, el Gobierno nacional formalizó la cancelación definitiva del proyecto para la construcción de Atucha III. La cuarta central nuclear argentina, impulsada durante la administración anterior mediante acuerdos de tecnología y financiamiento mayoritario de origen chino, fue dada de baja de manera oficial, abriendo paso a un nuevo esquema de inversión exclusivamente privado.
Asimismo, en el mismo encuentro institucional se autorizó a la compañía a avanzar con la elaboración de pliegos para una licitación pública internacional, orientada a la instalación de un reactor financiado en su totalidad por capitales privados sobre un predio de 12 hectáreas reservado originalmente para la central.
Rescisión del acuerdo e imposibilidad material de cumplimiento
Los accionistas de la operadora nuclear resolvieron dejar sin efecto los proyectos basados en las tecnologías Candu y Hualong, encomendados a NA-SA en junio de 2021. La fundamentación técnica y legal de la medida se apoyó en la “falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento”, enmarcada en el contexto de emergencia pública establecido por la Ley 27.742 (Ley de Bases).
Detalles del nuevo esquema de inversión privada en el predio
La asamblea aprobó una declaración de “interés empresarial” para habilitar al directorio a estructurar la licitación de una nueva iniciativa energética que no requerirá fondos ni avales del Estado nacional:
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Monto estimado de inversión: u$s 1.203 millones, financiados en un 100% por el sector privado.
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Modelo jurídico y operativo: El esquema contempla la concesión de un derecho real de superficie sobre una porción del terreno de Atucha y prevé la posibilidad de que Nucleoeléctrica Argentina asuma los contratos de operación y mantenimiento de la futura planta.
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Coincidencia técnica con el reactor ACR-300: Las especificaciones económicas y de infraestructura coinciden con el proyecto del reactor modular ACR-300 de la firma Meitner Energy, iniciativa presentada previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una inversión elegible dentro del denominado Super RIGI. No obstante, las autoridades aclararon que la autorización para redactar los pliegos no implica una adjudicación directa.
La firma Meitner Energy fue constituida en 2024 y cuenta con una estructura accionaria integrada en un 60% por el empresario estadounidense de origen iraní Hamid Ansari, mientras que el 40% restante pertenece a Black River Technology, firma estadounidense controlada por la empresa estatal rionegrina Invap, encargada del aporte del desarrollo tecnológico.
Reacciones y críticas del sector energético
La decisión oficial generó severos cuestionamientos por parte de exfuncionarios y especialistas del área nuclear, quienes advirtieron sobre el impacto geopolítico y tecnológico de la medida:
“El acuerdo negociado durante el gobierno anterior permitía ampliar la generación nuclear y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico argentino”, sostuvo el exsubsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien además rechazó que la cancelación del convenio con China se resolviera en simultáneo con la cesión del predio a emprendimientos privados.
Por su parte, el especialista en energía Nicolás Malinovsky consideró que la medida profundiza el alineamiento estratégico con Estados Unidos en el sector hidrocarburífero y nuclear, calificando la resolución del directorio como “un punto de inflexión” en la política energética nacional.
Consultadas sobre las razones de la cancelación y los plazos de la futura licitación, las autoridades oficiales involucradas declinaron realizar comentarios al respecto.