A través del Decreto 921/2025, publicado este último lunes del año en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, el Poder Ejecutivo nacional estableció que las obras de ampliación de la red eléctrica nacional se ejecutarán bajo el régimen de concesión de obra pública con financiamiento privado. Esta medida impulsa las licitaciones públicas nacionales e internacionales para los proyectos prioritarios del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, permitiendo que el sector privado asuma la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. Según destacó el Ejecutivo, el esquema busca fortalecer el sistema “sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”.
La normativa otorga facultades específicas a la Secretaría de Energía, que será la encargada de aprobar los pliegos de bases y condiciones, gestionar el modelo de contrato de concesión y llevar adelante las convocatorias licitatorias para las obras identificadas en los anexos técnicos correspondientes. Asimismo, dicha Secretaría organizará la Comisión Evaluadora, calificará a los oferentes, resolverá impugnaciones y suscribirá los contratos de adjudicación. En paralelo, el Ministerio de Economía de la Nación ejercerá el rol de autoridad de aplicación y control, supervisando que el Plan Nacional de Ampliación resuelva los problemas de seguridad energética y las restricciones que actualmente afectan a usuarios e industrias en diversas regiones del país.
Desde el ámbito oficial, se resaltó que esta estrategia apunta a normalizar el sector y destrabar inversiones postergadas para resolver cuellos de botella estructurales que limitan el transporte de energía. Según el comunicado difundido por el Gobierno, la iniciativa “tiene como objetivo mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo”.
En esa misma línea, las autoridades afirmaron que “el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico constituye una pieza central de la estrategia para contar con un sistema energético más confiable, moderno y preparado para el crecimiento de la Argentina”.
A través de las redes sociales, el Ministerio de Economía calificó el anuncio como un paso clave para habilitar obras prioritarias bajo marcos legales sostenibles. Por su parte, el ministro Luis Caputo reforzó la visión oficial al señalar que el nuevo mecanismo permitirá la intervención privada en la infraestructura crítica, asegurando que “esto permitirá que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”. Con este marco normativo, el Gobierno pretende cerrar el 2025 sentando las bases para un sistema de transporte de energía más robusto y menos dependiente de las erogaciones del Tesoro Nacional.