El Poder Ejecutivo nacional dio luz verde a una renovación de la normativa ambiental que rige las redes de transmisión de 132 kV. Esta reforma pone fin a un periodo de casi tres décadas de estancamiento legislativo que, según las autoridades, provocaba trabas técnicas, retrasos operativos y gastos superfluos en el desarrollo de infraestructura para el sector.
La nueva disposición pone al día valores que permanecieron estáticos por más de un cuarto de siglo, sincronizándolos con los protocolos de organismos globales de renombre. Desde el Gobierno remarcaron que la actualización no implica una reducción de los niveles de protección, en la construcción de redes de transporte eléctrico, sino que los refuerza a partir de metodologías de medición reconocidas internacionalmente y de un enfoque regulatorio basado en evidencia científica actualizada.Para ello, se han tomado como base los lineamientos de la "Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)". Esta revisión se sustenta en los hallazgos académicos más recientes sobre el impacto de los "Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB)".
Optimización de estándares y fin de las restricciones
Voceros del área energética señalaron que el marco previo era anacrónico respecto a las tendencias mundiales. En diversas ocasiones, la norma local imponía "condicionamientos excesivos" al superar los requisitos internacionales sin una justificación técnica clara. El nuevo reglamento busca depurar estas exigencias, suprimiendo formalidades que carecen de "sustento científico actualizado" y fijando pautas precisas que no comprometen la seguridad de la población ni el ecosistema.
De acuerdo con los datos suministrados por la "Secretaría de Energía de la Nación", este cambio normativo fue fruto de una mesa de trabajo conjunta que integró a:
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El Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente.
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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
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La administradora del mercado eléctrico (CAMMESA) y referentes de las cámaras empresariales.
Los especialistas involucrados recalcaron la urgencia de establecer criterios unificados en todo el territorio argentino. El objetivo es blindar la salud pública y el entorno natural, pero "evitando interpretaciones discrecionales y sobrecostos" que anteriormente entorpecían la concreción de proyectos de carácter estratégico.
Alcance y vigencia de la resolución
Desde la administración central se hizo hincapié en que esta evolución regulatoria no supone una merma en la seguridad. Por el contrario, se pretende robustecer el sistema mediante el uso de protocolos de medición avalados globalmente.
Respecto a su implementación, la normativa define dos escenarios:
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Infraestructura operativa: Las líneas que ya funcionan conservarán su estatus legal previo para asegurar una transición sin sobresaltos.
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Nuevos desarrollos: Los parámetros actualizados serán de cumplimiento forzoso para "nuevos proyectos y ampliaciones de redes de transporte eléctrico".
Con esta iniciativa, el Gobierno persigue agilizar la expansión del sistema energético nacional, eliminando las trabas burocráticas que frenaban la inversión y alineando al país con los niveles de exigencia más elevados del escenario internacional.