El Gobierno Nacional está implementando una reorganización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con la finalidad de optimizar su operatividad y elevar la transparencia. Esta iniciativa se fundamenta en la Ley Bases y adhiere a los pilares de eficiencia y competencia consagrados por la Ley 24.065.
La Secretaría de Energía de la Nación comunicó, a través de la Resolución 400/20251, la promoción de un nuevo esquema centrado en la utilización de señales de precios marginales. El propósito de esta acción es erradicar las distorsiones que resultaron de la intervención gubernamental. Se busca restablecer un mercado eléctrico que sea competitivo, transparente y económicamente viable, donde el Estado recupere su función puramente reguladora sin injerencia en las transacciones operativas.
Se señaló que, a lo largo de las últimas dos décadas, la determinación administrativa de tarifas y la aplicación de subsidios generalizados habían pervertido las señales económicas, desestimulado las inversiones privadas y generado una dependencia excesiva del presupuesto público. La normalización del MEM aspira a revertir esta trayectoria, reintroduciendo el principio de marginalismo como pilar fundamental del funcionamiento del sistema.
La reforma también contempla la creación de un Mercado a Término de Energía y Potencia, lo cual habilitará la contratación directa y libre entre generadores, distribuidores y grandes consumidores. Esta medida busca fomentar la competencia, incentivar la instalación de nueva capacidad de generación y facilitar la planificación de inversiones con horizontes de largo plazo.
Paralelamente, se está llevando a cabo la descentralización de la gestión de combustibles, transfiriendo a los generadores térmicos la responsabilidad de adquirir sus propios insumos. CAMMESA cesará de centralizar la compra de combustibles, conservando únicamente sus roles originales de despacho y administración del mercado, así como su función de proveedor de última instancia.
El nuevo marco regulatorio ratifica el cumplimiento de los contratos del Plan Gas vigentes hasta su expiración en 2028.
Mediante esta reestructuración, el Gobierno Nacional consolida un cambio estructural para el sector energético: el Estado abandona su rol empresarial para retomar su posición como garante de normativas claras, precios fidedignos y autonomía de contratación.