En un logro histórico para la provincia de Santa Cruz, un buque de carbón, producido en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio, zarpó desde Punta Loyola con destino a Brasil. Este es el primer embarque de este tipo en muchos años y marca un hito para la región.
El traslado de 60.000 toneladas de carbón santacruceño con destino a un país vecino es el primer paso concreto para la reactivación productiva de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y su regreso al mercado internacional. Este hecho sucede mientras el gobierno nacional busca privatizar la compañía.
Santa Cruz es la única provincia argentina que exporta carbón mineral. Si bien muchos países intentan abandonar este recurso debido a la alta contaminación que produce su combustión, sigue siendo muy utilizado en varias naciones por la falta de alternativas energéticas.
En el inicio de esta operación, el gobernador Claudio Vidal expresó: "En vez de corrernos y responsabilizar a la Nación, como hicieron antes. Nosotros hicimos lo más difícil, nos hicimos cargo y trabajamos para salvar a YCRT. Hoy después de muchos años un buque vuelve a salir con nuestro carbón, algo histórico para la Cuenca y para toda la provincia".
Por su parte, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, acompañó el evento en el puerto y felicitó al personal de la empresa y a los equipos técnicos por su trabajo para alcanzar este logro. Además, afirmó que seguirán las gestiones para asegurar nuevos embarques y expandir los mercados de destino.
Exportación de carbón y generación de energía
A pesar de ser la provincia que más exporta productos mineros, el embarque de carbón desde Punta Loyola significa el regreso de Santa Cruz a los mercados internacionales a través de uno de sus recursos más estratégicos. De esta forma, se consolida el camino hacia la producción, el empleo y el desarrollo regional.
La producción de carbón también servirá como materia prima para que la Central Térmica Río Turbio (CTRT) comience a generar electricidad. La "inminente puesta en marcha" de la central permitirá a la provincia acceder a energía más competitiva y agregará valor a la producción de carbón de la mina. Esto ocurre casi 20 años después del inicio de su construcción, tras algunas operaciones parciales.
La central térmica nunca tuvo una operación comercial real, más allá de algunas pruebas. Por esta razón, el anuncio del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, sobre el próximo arranque del primer módulo de generación de 120MW, es un logro significativo para la provincia y para YCRT, que se encuentra bajo intervención.
El ministro Álvarez aseguró que los módulos de la central termoeléctrica están a punto de conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además, explicó que Santa Cruz paga actualmente "miles de millones de pesos" a CAMMESA por la energía generada en otras partes del país.
"Si esa energía se produjera en la provincia, Santa Cruz podría comprarla directamente a YCRT, con lo que, además de reducir los costos de transporte de energía ya que la distancia se acortaría de 5.000 kilómetros desde Yacyretá a 200 kilómetros desde la central, permitiría a la empresa generar ingresos y reducir su déficit", analizó el funcionario.
El proyecto de privatización
El gobierno nacional busca avanzar en la privatización, al menos parcial, de YCRT. Desde el año pasado, la empresa israelí TEGI se ha mostrado interesada en adquirir parte del yacimiento. A mediados de 2024, TEGI propuso comprar miles de toneladas de carbón de la compañía estatal, pero su oferta fue rechazada por proponer un precio demasiado bajo.
En YCRT, la idea es una privatización parcial que mantenga la mayoría de las acciones en manos del Estado, pero con la participación de los sindicatos y los trabajadores, según se explicó en su momento.
El gobierno de Santa Cruz, liderado por Claudio Vidal, adelantó que es probable que se organicen nuevas subastas del mineral hasta que lleguen los fondos de los nuevos socios de YCRT.
La intención de Vidal es conseguir financiamiento para aliviar los gastos de funcionamiento de YCRT, que rondan los 5 millones de dólares mensuales. Una auditoría reciente reveló algunas conclusiones sobre la operatividad de la empresa, como la falta de detalles sobre los gastos en servicios y vehículos, una gestión inadecuada de los bienes de la minera y un número de empleados que no concuerda con la actividad de la firma.