Durante octubre de 2025, los hogares de la región del AMBA que no reciben asistencia estatal destinaron en promedio una suma de $170.412 para solventar los servicios públicos esenciales, que incluyen electricidad, gas, agua y transporte. Aunque este monto implica una disminución del 1,9% respecto a septiembre, este descenso no señala una mejoría estructural, sino que se atribuye a un efecto temporal por la reducción en el consumo de gas después de la temporada invernal.
Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) revela que, a lo largo de los últimos dos años, el desembolso real en servicios ha crecido un acumulado del 514%, contrastando con una inflación que se situó en el 171%. Pese a la ligera disminución observada recientemente, la carga económica sobre los ciudadanos continúa siendo considerable.
Según el análisis, la baja registrada en octubre se debió principalmente a un menor volumen de consumo, y no a recortes en las tarifas. Por ejemplo, el gas natural experimentó una caída promedio del 10,4% en su componente variable, mientras que la electricidad vio un incremento del 3,1% en el cargo fijo y del 2,4% en el variable. En el sector del transporte, los pasajes de líneas urbanas aumentaron un 3,9%, permaneciendo sin cambios las tarifas de las líneas de alcance nacional.
Costo de la Canasta vs. Inflación: Una Desigualdad Evidente
Si bien en lo que va del año 2025, el costo de la canasta de servicios solo ha aumentado un 21% frente a un 24% de inflación general, los datos sugieren que este respiro es meramente coyuntural. Los incrementos tarifarios aún se encuentran por debajo de su punto máximo en términos reales (alcanzado en 2019), pero el impacto de las facturas en la economía familiar sigue siendo alto.
A modo de ejemplo, en el mes de octubre, los usuarios clasificados como de ingresos altos (N1) destinaron el 4,4% de su salario al pago de luz y gas. Para los usuarios de ingresos bajos (N2), esta proporción ascendió al 7,4%, lo que subraya la fuerte naturaleza regresiva del esquema tarifario.
El informe también documenta una profunda reducción en los subsidios económicos. En términos reales, el descenso alcanzó el 56% hasta mediados de octubre, mientras que en valores nominales fue del 37%. El sector energético, que concentra el 86% del total de subsidios, experimentó un recorte real del 52%. Cammesa, la administradora del mercado eléctrico, recibió un 39% menos en términos ajustados por inflación.
Desde diciembre de 2023 hasta el mes de octubre de 2025 "la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 514% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 171%".
A su vez, en 2025 "la canasta acumula un aumento del 21% mientras que se estima una inflación acumulada es del 24% hasta el mes de octubre".
Por otro lado, Enarsa, la empresa responsable de la importación de gas, sufrió una disminución del 70% en su presupuesto de subsidios, lo cual fue facilitado por la baja del precio del GNL y una menor necesidad de consumo. Asimismo, el programa Plan Gas.Ar, destinado a estimular la producción local, se ajustó un 67% real gracias al crecimiento de la producción nacional y a las nuevas infraestructuras de transporte.
Pese a estas drásticas reducciones en las ayudas estatales, los usuarios del AMBA aún solo logran cubrir la mitad del costo verdadero de los servicios. La porción restante continúa siendo asumida por el Estado, aunque con crecientes restricciones y variaciones notables según la capacidad económica de cada hogar.