El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) busca que las empresas distribuidoras aumenten su nivel de inversión para lograr una mayor extensión en la cobertura del servicio de gas natural. Con este fin, a finales del mes pasado, el organismo sometió a consulta pública una propuesta para modificar la metodología que se utiliza para calcular las obras de expansión. La meta es clara: que las distribuidoras asuman un rol más protagónico en el desarrollo de la infraestructura.
Esta determinación se da después de varias décadas donde el crecimiento de la red fue relativamente lento. Esto se debió, principalmente, al atraso tarifario y a la insuficiente producción de gas para sostener un incremento en la demanda. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con el desarrollo de Vaca Muerta, que garantiza un suministro del fluido a largo plazo. Hoy, la oferta de gas está en constante aumento, permitiendo planificar, simultáneamente, un proyecto de exportación de GNL y la expansión del consumo del hidrocarburo a nivel doméstico.
Marco normativo y déficit histórico
Según la Ley 24.076, que rige el servicio de gas natural por redes, su artículo 16 estipula que si la distribuidora no puede satisfacer una obra de expansión por motivos económicos, debe comunicar al cliente el monto de la inversión que este deberá afrontar para obtener el servicio. Los criterios técnicos para determinar si una obra de expansión resulta rentable para la distribuidora están actualmente fijados en la resolución I910/09. Esta es, precisamente, la norma que el Enargas ahora pretende modificar mediante la propuesta que se incorporó en la resolución 778/25 del 21 de octubre.
El país arrastra un déficit de infraestructura. Una comparación realizada por el Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de General Sarmiento cruzó datos de hogares sin gas natural en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de los censos de 2001, 2010 y 2022. Los resultados arrojaron que, lejos de mejorar, el porcentaje de hogares con cobertura de gas natural incluso empeoró.
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En la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de hogares sin acceso a la red de gas natural se disparó del 2,9% en 2001 al 21,5% en 2022.
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En los 24 distritos que componen el Conurbano, los hogares sin gas natural pasaron del 35,8% al 41,0% en el mismo período.
En los últimos años, estas cifras no han mostrado cambios significativos.
La inversión de las empresas y el impacto tarifario
El estancamiento en la expansión de la red se explica, aunque no únicamente, por el atraso tarifario. Metrogas presentó en una audiencia en mayo de este año cómo evolucionaron sus inversiones. Desde que obtuvo la concesión en 1992, la empresa invirtió un promedio de US$ 36 millones anuales. No obstante:
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Entre 1993 y 2001, la inversión promedio fue de US$ 55,4 millones por año.
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Entre 2002 y 2016, etapa marcada por la reducción de tarifas a su mínima expresión bajo gestiones kirchneristas, la inversión cayó a un promedio de US$ 20,8 millones anuales.
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El período 2017-2019, gracias a los aumentos tarifarios aplicados por el macrismo, vio una recuperación, alcanzando los US$ 63 millones por año.
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Entre 2020 y 2024, la inversión volvió a descender, promediando US$ 28,6 millones anuales.
En este contexto de insuficiencia de recursos, la resolución I910/09 de Enargas funcionaba como un aval para que las distribuidoras justificaran la imposibilidad de llevar a cabo muchas de las obras de expansión solicitadas.
Sin embargo, el panorama actual es diferente: las tarifas que perciben las compañías han mejorado notablemente, y el desarrollo de Vaca Muerta ha impulsado una considerable expansión productiva, con expectativas aún más optimistas. Por ello, el Enargas busca modificar los métodos de cálculo para que, en esta nueva realidad, las empresas asuman la responsabilidad de ejecutar las obras de extensión del servicio.
Los cambios propuestos en la Resolución 778/25
La resolución 778/25 contiene dos modificaciones propuestas por el organismo regulador que son fundamentales:
1. Horizonte de Evaluación
Los proyectos de inversión ya no se evaluarían considerando la totalidad del plazo de la concesión, sino un horizonte de 5 años. Esto significa que el cálculo del flujo de fondos, crucial para determinar la rentabilidad del proyecto, se tomará en referencia al período de vigencia de la Revisión Quinquenal Tarifaria.
2. Cálculo de Costos (Costo Marginal vs. Costo Medio)
Se busca cambiar la metodología para determinar los costos de una obra de expansión. Anteriormente, se utilizaba el promedio general de costos de la distribuidora (costo medio). La intención gubernamental es reemplazar este costo medio por un costo marginal, es decir, el costo específico que requerirá puntualmente esa expansión.
El costo marginal suele ser inferior al costo medio en la mayoría de los casos, lo que resultará en una disminución del presupuesto de la obra. Esto, a su vez, permitirá que una mayor cantidad de proyectos se consideren técnicamente viables para las distribuidoras, quienes deberán ejecutarlos sin poder trasladar esa carga financiera a terceros.
Adicionalmente, se establecerá un tope para el costo marginal, basado en el promedio de los costos marginales de todas las distribuidoras. Las empresas consideran que esta medida es cuestionable porque dicho tope podría no reflejar sus costos reales. No obstante, la meta del Enargas es incentivar a las firmas menos eficientes a mejorar su desempeño operativo.
Una fuente con conocimiento del sector señaló: “Una de las grandes críticas que se les hacen a las distribuidoras es que no llegaron a todas partes porque no hicieron las obras que tendrían que haber hecho, pero la realidad es que no recibían la tarifa adecuada para hacerlas. Es muy fácil cuestionar las distribuidoras por no hacer obras cuando la tarifa no alcanzaba para financiarlas. Ahora, en cambio, las tarifas se recompusieron y el objetivo de esta medida es modificar los incentivos para que las obras las hagan las distribuidoras”.
El Enargas había fijado 15 días hábiles para recibir comentarios y observaciones sobre la resolución 778/25, pero a pedido de las empresas, extendió el plazo por diez días hábiles adicionales esta semana. A pesar de esto, la norma aclara que las sugerencias y comentarios “no tendrán carácter vinculante para esta Autoridad Regulatoria”. El gobierno aspira a que la nueva normativa comience a regir a partir del próximo año.