En un extenso y detallado análisis difundido a través de sus canales oficiales, el ministro Federico Sturzenegger salió a defender la decisión de adjudicar la provisión de caños para un gasoducto clave —que conectará la cuenca neuquina con las plantas de exportación de GNL— a la firma india Welspun, desplazando a Techint, el único fabricante de tubos en el territorio nacional.
El funcionario comenzó cuestionando la lógica del "sentido común" proteccionista que imperó durante décadas en la política argentina. “Me motiva compartir estas reflexiones [al] escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Grupo Techint por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos?”, planteó Sturzenegger, para luego ser tajante en su conclusión: “un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario”.
El impacto del sobrecosto en la matriz energética
El primer eje de la defensa ministerial fue el económico. Sturzenegger reveló que la oferta de Techint fue un “40% más cara” que la de su competidor extranjero, una diferencia que calificó de injustificable incluso bajo parámetros de preferencia local. Para el ministro, aceptar ese sobrecosto no es un acto de patriotismo industrial, sino un lastre para toda la economía: “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”.
Además, vinculó este costo directamente con el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad de las pequeñas empresas. Dado que el precio del gas está regulado, el ministro advirtió que ese mayor costo “lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores”. Con ironía, definió esta ineficiencia como el famoso “costo argentino”.
El "Epa!" a la reacción de Techint y el derecho de preferencia
La controversia alcanzó su punto máximo cuando Sturzenegger relató la reacción del holding liderado por Paolo Rocca tras conocerse los resultados. Según el ministro, Techint habría señalado que podía igualar el precio, reduciendo su propuesta original en un 40%, y reclamó un derecho de "first refusal" (la posibilidad de mejorar cualquier oferta externa para retener el contrato). “¡Epa!”, ironizó el funcionario ante el repentino ajuste de precios que la empresa no había ofrecido inicialmente.
Sin embargo, el ministro sostuvo que, ni bajo estas nuevas condiciones de paridad, debería cambiarse la adjudicación. Su argumento es de largo plazo: otorgar beneficios de último momento a un actor local desalienta la participación de otros jugadores internacionales. “Es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego”, explicó. El resultado final de ceder a estas presiones sería “mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos”.
Geopolítica de la confianza: No "birlar" ofertas
Sturzenegger también alertó sobre el daño reputacional que sufriría la Argentina si desplazara a un ganador legítimo por presiones domésticas. Si el proveedor extranjero percibe que, tras ganar una licitación transparente, le “birlan su oferta”, el país perdería su atractivo como destino de inversión. “¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria”, escribió el ministro.
Para el Gobierno, la apertura comercial tiene una función macroeconómica vital: “cada importación genera la necesidad de una exportación”. Importar insumos más baratos, según esta visión, mejora el tipo de cambio real y genera “rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza”. En este marco, no aprovechar los precios globales sería un "mal negocio" tanto para las empresas del sector como para el país en su conjunto.
Conclusión: Reglas de juego para un desarrollo real
El mensaje final de Sturzenegger para este 2026 es un llamado a la coherencia estructural. Enlazó este caso con la necesidad de avanzar en la “modernización laboral” y evitar los sobrecostos en insumos para “quebrar nuestras décadas de estancamiento”.
Para el ministro de Desregulación, Vaca Muerta es la llave a un futuro de riqueza, pero solo bajo un esquema de institucionalidad férrea. “Va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos”, señaló, pero concluyó con una advertencia final: eso solo será posible si se respetan, por encima de cualquier interés corporativo, “los contratos y las reglas de juego”.