A través de las Resoluciones 604 y 605 de la Secretaría de Energía, el Gobierno nacional oficializó la actualización de los parámetros que regirán el costo de la electricidad y el gas natural a partir del 1 de enero de 2026. Estas normativas establecen los nuevos precios de referencia para el mercado mayorista que las distribuidoras de todo el país deberán trasladar a los cuadros tarifarios finales.
El ajuste se da en un contexto de transición regulatoria hacia la puesta en marcha del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que unificará las funciones que actualmente desempeñan el ENRE y el ENARGAS.
En lo que respecta al servicio eléctrico, la Resolución 604/2025 define los valores para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026. La medida fija los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), componentes centrales que determinan el costo de abastecimiento para los agentes distribuidores. Además, la norma incluye el esquema tarifario para el Sistema Tierra del Fuego y detalla los costos asociados al transporte de energía en alta tensión. Estos parámetros son los que las prestadoras provinciales y nacionales deberán utilizar para calcular las boletas que llegarán a los hogares, comercios e industrias durante el primer cuatrimestre del año.
Por el lado del gas natural, la Resolución 605/2025 estableció el nuevo precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para los consumos que se realicen desde el primer día de enero. Este valor surge de los contratos celebrados en el marco del Plan Gas.Ar y debe ser trasladado a los usuarios finales tras la publicación de los nuevos cuadros por parte del ENARGAS. La normativa instruye a ENARSA y a las productoras a adecuar sus contratos vigentes y obliga al ente regulador a asegurar que las facturas reflejen fielmente el precio PIST definido, contemplando las bonificaciones correspondientes para los sectores que aún mantienen beneficios.
Un punto fundamental ratificado en los textos oficiales es la continuidad del esquema de segmentación energética por niveles de ingresos. El nivel N1 seguirá abonando el precio pleno del servicio, mientras que para los niveles N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) se mantendrán las bonificaciones y los límites de consumo subsidiado.
Según estimaciones del sector, el impacto en la factura final de los usuarios sería moderado, proyectándose un incremento promedio de entre el 2,5% y el 3%. No obstante, el monto definitivo dependerá de la zona geográfica, la categoría de consumo de cada hogar y los impuestos locales que integran el comprobante de pago.