El Gobierno nacional materializó este viernes una etapa fundamental en su estrategia para reorganizar el esquema hidroeléctrico del país: se hicieron públicas las nueve compañías que presentaron propuestas para operar durante las próximas tres décadas las cuatro centrales hidráulicas más importantes del Comahue. Se trata de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados-Planicie Banderita, que juntas representan aproximadamente el 15% de la producción de energía eléctrica en Argentina.
De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Energía de la Nación, el objetivo del llamado a licitación es la enajenación del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias que gestionan cada represa. Esto marca un avance crucial hacia un "modelo energético basado en la competencia, la eficiencia y la inversión privada".
Desde la oficina de María del Carmen Tettamanti, destacaron que: "El proceso generó un alto interés: durante el período de consultas de los pliegos se recibieron más de 300 presentaciones técnicas y administrativas por parte de potenciales oferentes nacionales e internacionales. El diseño de la licitación se elaboró en coordinación con los gobiernos de Neuquén y Río Negro. En esta nueva etapa, el proceso continuará con el análisis de la calificación técnica y luego con la apertura y análisis del sobre económico".
Mediante esta acción, el Gobierno reafirmó su intención de continuar "avanzando en la transformación del sector energético, retirando al Estado del rol de operador para dejar que el capital privado lidere las inversiones, con reglas claras, transparencia y competencia en la gestión de los recursos estratégicos del país".
Las firmas aspirantes a la concesión
Según la informaciónoficial, nueve corporaciones presentaron sus ofertas, incluyendo tanto a los actuales operadores como a nuevos participantes:
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ENEL Generación S.A.
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AES Argentina Generación
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Central Puerto S.A.
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IPS Renewal S.A. (con la propuesta IPS Renewal)
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Central Costanera S.A.
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Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (un consorcio que incluye a Genneia, Aluar y Futaleufú)
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BML Inversora SAU (con la propuesta del Conjunto Económico)
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Pampa Energía S.A.
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Edison Inversiones S.A. (con la porpuesta Poseidón)
El cronograma del proceso contempla la adjudicación de los complejos antes de finalizar el año. Para ello, se realizará una evaluación técnica y de antecedentes que pondrá especial énfasis en el historial judicial de las compañías.
Mecanismos de la Reprivatización
El procedimiento, impulsado por la Secretaría de Energía y coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), forma parte del plan de privatizaciones iniciado este año bajo la gestión de Javier Milei. La meta oficial es renovar los contratos vencidos en 2023, bajo un esquema que articula la participación privada, un mayor control por parte del Estado y la inclusión de las provincias de Neuquén y Río Negro con hasta un 10% del capital accionario.
El incentivo económico es considerable: el Gobierno estima obtener alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos, los cuales son activos superavitarios y estratégicos para el equilibrio de la red interconectada nacional. Los futuros concesionarios deberán abonar un canon a las provincias por la utilización del agua y destinar una porción de los ingresos a la ejecución de obras de infraestructura hídrica que defina la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
Auditorías en curso para otros siete complejos
Mientras se gestiona el proceso del Comahue, Energía está avanzando de manera simultánea en una segunda etapa: la preparación de la licitación para otras siete centrales hidroeléctricas cuyos acuerdos expiran entre fines de 2025 y mediados de 2026. Se trata de los complejos Cabra Corral, El Tunal, Futaleufú, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, todos bajo el control actual de ENARSA.
A tal efecto, la empresa estatal convocó a una licitación de carácter internacional para llevar a cabo una auditoría técnico-económica. El propósito es determinar el estado operativo, la vida útil remanente de los equipos y las inversiones requeridas para asegurar su mantenimiento y modernización. Esta labor será esencial para delinear los pliegos de la nueva ronda de concesiones, cuya publicación podría concretarse en 2026.
El plan se sustenta en el Decreto 67/2025, el cual autorizó la desintegración vertical de las empresas hidroeléctricas y su apertura al capital privado. La disposición divide los activos en tres segmentos: material rodante (a ser rematado en lotes), vías e inmuebles (a ser concesionados) y talleres ferroviarios (también sujetos a concesión). A través de la Resolución 1049/2025, el Ministerio de Economía también estableció un plazo de doce meses para completar el proceso, con el fin de garantizar la eficiencia, la seguridad y la continuidad operativa.
Desde el Gobierno se defiende la iniciativa como un avance hacia la modernización y la sostenibilidad del sistema hidroeléctrico argentino. Fuentes del Palacio de Hacienda afirmaron que: “La participación privada permitirá asegurar inversiones, mejorar la gestión y reducir la carga fiscal del Estado, sin perder el control estratégico del recurso”.
El proceso iniciado en el Comahue es solo la primera parte de una redefinición más extensa del mapa hidroeléctrico nacional. Con la mira puesta en un futuro de creciente demanda energética y potencial exportador regional, la administración nacional confía en que el capital privado será el motor de la próxima fase de desarrollo de la infraestructura energética del país.