Federico Veller, el subsecretario nacional de Hidrocarburos, expuso este miércoles ante la Comisión Plenaria de Minería, Energía y Combustibles del Senado para detallar las bases del proyecto de Ley de Biocombustibles que impulsa el Poder Ejecutivo. En su presentación, el funcionario alertó que las iniciativas parlamentarias en discusión carecen de "suficiente consenso" y acarrearían graves repercusiones económicas y fiscales.
Veller puntualizó que las propuestas legislativas en el Congreso, que buscan incrementar la mezcla de biocombustibles hasta el 18%, provocarían "un aumento inmediato de hasta 10% en el precio del surtidor". Esto elevaría los costos logísticos y perjudicaría a la economía en general. El funcionario mencionó que "Hay oposiciones de índole individual y de índole sectorial”. Además, afirmó que los sistemas de precios vinculados a la paridad de importación son hasta 2,2 veces más costosos que la alternativa de combustible fósil.
En el ámbito fiscal, el impacto sería considerable: por cada punto de aumento en la mezcla, el Tesoro Nacional dejaría de recaudar 55 millones de dólares anuales por biodiésel y 9 millones de dólares por bioetanol. Con el tope del 18% en un lustro, el costo para las finanzas públicas superaría los 4.000 millones de dólares.
Sobre el esquema vigente, el subsecretario opinó: "La forma en que está concebido el proyecto actual genera ciertos privilegios a perpetuidad, de acuerdo al texto actual, imposibilitando la posibilidad de fomentar la eficiencia, la innovación y la libertad de mercado en la industria de los biocombustibles". Agregó que, tras dos décadas de soporte a este sector, se seguiría "otros 18 años asegurando que la producción sea exclusivamente de producción nacional, tanto de las materias primas como de los productos".
A comienzos de octubre, la Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el apoyo del Ejecutivo a la propuesta de ley patrocinada por la Liga de Provincias Bioenergéticas (integrada por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán), que ya tiene curso en ambas cámaras. La UIA argumenta que esta ley sumaría valor a la producción de caña de azúcar, maíz y soja, disminuiría la dependencia de carburantes fósiles extranjeros, y alentaría las inversiones y el empleo en las jurisdicciones productoras.
La propuesta del Poder Ejecutivo
El subsecretario enfatizó que, luego de un año de conversaciones con los actores del rubro, la conclusión es unánime: "La ley actual está completamente agotada". La Ley 27.640, sancionada a mediados de 2021, es el marco normativo vigente.
Veller señaló la complejidad de satisfacer a todos, pero sostuvo que, tras múltiples contactos, especialmente con la Liga Bioenergética, se está elaborando "una propuesta alternativa que representa una posibilidad real de una ley de consenso capaz de redefinir un escenario de certidumbre, de crecimiento y evolución para la industria del biocombustible".
El esquema oficial propone un proceso de transición escalonada hasta 2027, elevando la mezcla a 15% en etanol (desde 12%) y a 10% en biodiésel (desde 7,5%). Según Veller, esta planificación brinda “dar previsibilidad a los actores sin comprometer el equilibrio fiscal”, meta prioritaria de la gestión actual.
Adicionalmente, se prevé una transición de seis años hacia un mercado desregulado de biocombustibles, con plena liberalización en 2032. Durante este lapso, las cuotas de producción se reducirán hasta desaparecer. Veller explicó que “Una parte del mercado tiene que ir hacia la posibilidad de discutir libremente las condiciones de comercialización, no de manera inmediata pero sí gradual”.
El Ejecutivo también promueve la inclusión de licitaciones públicas para fijar precios, administradas por un ente autónomo. "Ya no va a haber un funcionario que determine cuál es el precio”, anticipó. El precio máximo bajo este sistema será la paridad de importación, permitiendo que la competencia defina valores más eficientes entre los costos de importación y exportación.
Otro punto crucial es autorizar, a partir de 2027, el co-procesamiento de materia prima no fósil en refinerías, con un aumento progresivo hasta el 3% en 2031. También se establecerán dispositivos para mitigar potenciales efectos adversos en empresas pequeñas. Se contempla la posibilidad de aumentos voluntarios de la mezcla en regiones donde sea estratégico para el desarrollo, imitando modelos estadounidenses. Veller reconoció que "Va a haber situaciones difíciles de gestionar. Hay antecedentes a nivel mundial, por ejemplo, algunos estados norteamericanos tienen mayores cortes y los gestiona cada uno".
Para concluir, Veller invitó a la cadena a sumarse a la propuesta, afirmando que la nueva ley “va a generar un camino de evolución para la industria, certidumbre y eficiencia en la cadena de valor”, a la vez que estimulará nuevas inversiones y “generar dinamismo en las regiones productivas”.