El Gobierno Nacional puso en marcha este martes un nuevo esquema energético que transfiere la responsabilidad de importar y comercializar Gas Natural Licuado (GNL) al sector privado. La medida busca asegurar el abastecimiento durante los meses de invierno y modifica la estructura operativa vigente, donde la empresa estatal ENARSA actuaba como intermediaria principal. Esta decisión no es solo técnica, sino ideológica: se alinea con la estrategia oficial de retirar al Estado de su rol empresarial y avanzar en la privatización de las actividades de la compañía energética nacional.
La urgencia de esta medida responde a una paradoja física: aunque Vaca Muerta produce niveles récord, las limitaciones actuales en la capacidad de transporte de los gasoductos impiden que ese fluido llegue en volúmenes suficientes a los grandes centros de consumo del AMBA y el Litoral. Ante esta restricción técnica, el sistema sigue dependiendo de los barcos metaneros que inyectan gas importado durante los picos de demanda estacional para evitar cortes en hogares e industrias.
El fin de la intermediación estatal y los subsidios
El esquema previo funcionaba mediante la compra estatal de gas a precios internacionales, que “oscilaban entre 15 y 17 dólares por MMBTU, para luego venderlo al mercado interno a un valor cercano a los 2,7 dólares, cubriendo la diferencia con subsidios”. Este mecanismo, que representaba un drenaje constante de divisas para el Banco Central, queda desactivado bajo las nuevas reglas.
Ahora, el Estado se limitará a establecer normativas y garantizar la transparencia, mientras que operadores privados asumirán la gestión comercial y operativa mediante mecanismos competitivos. La Secretaría de Energía definirá las condiciones para licitar el acceso a la capacidad de regasificación en la terminal de Escobar. La compañía que resulte adjudicataria “deberá encargarse de la compra del GNL, su regasificación y la posterior inyección al sistema para abastecer a distribuidoras y generadores eléctricos”.
Precios máximos y competencia por eficiencia
Para evitar abusos en un mercado que transiciona a la libre competencia, la nueva normativa establece un precio máximo para el gas regasificado durante el próximo invierno. Este tope no será arbitrario: se fijará en función de un marcador internacional sumado a un adicional que cubrirá costos logísticos y de transporte hasta el punto de entrega en Cardales.
Lo innovador del proceso es que dicho margen adicional “se determinará a través de un procedimiento competitivo entre las empresas interesadas para reflejar los costos reales de eficiencia”. De esta forma, el Gobierno apuesta a que la puja entre compañías resulte en la mejor oferta disponible. En cuanto al rol de ENARSA, el esquema contempla que intervenga de forma transitoria “únicamente si el procedimiento privado no logra resultados, con el fin de evitar riesgos de faltantes”.