La empresa Rockhopper Exploration anunció avances significativos en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. La compañía británica, en asociación con la operadora israelí Navitas Petroleum, está avanzando hacia la Decisión Final de Inversión (FID) para la Fase 1 en el último trimestre del año. Este movimiento reaviva la histórica disputa de soberanía de Argentina sobre el archipiélago y sus recursos.
Cronograma y Valoración del Proyecto Sea Lion
Rockhopper anticipa que alcanzar la FID es un hito crucial. Permitirá el desembolso de fondos ya recaudados y el inicio efectivo de las tareas de desarrollo, algo que Argentina sistemáticamente considera como explotación ilegal de recursos naturales en territorio en disputa.
Rockhopper describe el proyecto Sea Lion en sus documentos públicos como su "activo principal". La empresa destaca que el desarrollo del yacimiento posee recursos contingentes netos para Rockhopper de 255 millones de barriles, con un valor presente neto estimado en u$s1.850 millones, considerando un precio de $70 dólares por barril de Brent.
Actualmente, el proyecto Sea Lion está operado por Navitas Petroleum con una participación del 65%. Rockhopper retiene el 35%, luego de que Harbour Energy (sucesora de Wintershall-Dea) se retirara del consorcio. Harbour Energy dio prioridad a sus operaciones en Argentina con TotalEnergies y Pan American Energy.
Fuerte rechazo y posición de Argentina
A mediados de septiembre, la Cancillería Argentina expresó su "más enérgico rechazo a las actividades ilegales llevadas a cabo por la empresa Navitas Petroleum en las Islas Malvinas, que opera de manera ilegítima en territorio argentino sin contar con los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos otorgados por la autoridad competente".
El Palacio San Martín recordó que "toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales, renovables y no renovables, en el área en disputa resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización". Estas resoluciones, enfatizó, reconocen una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instan a la reanudación de las negociaciones.
Diplomáticamente, se resaltó que la veda de cualquier actividad sobre los intereses argentinos incluye las ilegítimas "Declaración de Impacto Ambiental" y "Evaluación de Impacto Socioeconómico" del proyecto Sea Lion, la extensión de pretendidas "licencias" de producción, la contratación de proveedores, y los recientes anuncios de Navitas sobre la recaudación de fondos para el desarrollo.
La Cancillería también recordó que la Secretaría de Energía de Argentina, mediante una Resolución de abril de 2022, declaró a la empresa israelí "clandestina y sus actividades calificadas de ilegales por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin autorización de las autoridades competentes".
El Plan de Rockhopper y la Fase 1
Samuel Woody, CEO de Rockhopper, al presentar los avances del proyecto, expresó: "Estamos muy agradecidos por el apoyo de los accionistas, tanto antiguos como nuevos, en la reciente recaudación de fondos. Tras la aprobación de todas las resoluciones en la reciente Junta General, u$s140 millones se encuentran actualmente en depósito a la espera de la FID, que esperamos alcanzar para finales de este año".
Rockhopper destacó que la totalidad de sus licencias en las Islas Malvinas fueron extendidas hasta diciembre de 2026, lo que establece plazos más ajustados.
Woody agregó: "Este ha sido un período transformador para Rockhopper y en los últimos meses hemos visto una aceleración del progreso hacia la Financiación Financiera (FID). Contamos con un plan de financiación para el cual hemos asegurado nuestro capital base requerido y el valor potencial para todas las partes interesadas ha sido confirmado de forma independiente".
La Fase 1 del desarrollo en la Cuenca Malvinas Norte se estima que comprende 170 millones de barriles y 11 pozos. El costo proyectado es de u$s2.058 millones desde la FID hasta su finalización. El plan de financiación incluye una captación de capital de hasta u$s150 millones y una financiación senior garantizada de u$s1.000 millones.