La República Argentina comunicó a la magistrada Loretta Preska su intención de solicitar a funcionarios y exfuncionarios del gobierno nacional que brinden colaboración a la justicia de Estados Unidos, entregando el contenido de sus dispositivos móviles, tal como ella lo había requerido.
Dentro de este grupo de individuos se encontrarían el actual titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, y quien lo precedió en el cargo, Sergio Massa. Esta novedad se transmitió mediante un documento presentado a la jueza, el cual fue difundido públicamente por el especialista Sebastián Maril.
En ese mismo escrito legal, Argentina aprovechó para pedir a Preska que posponga el plazo de entrega de la información hasta el día 21 de noviembre.
La solicitud de la jueza forma parte del proceso de obtención de pruebas (discovery) impulsado por el fondo de inversión Burford Capital (que resultó ganador del juicio por US$ 16.000 millones). Su propósito legal es demostrar que el Estado argentino y la petrolera YPF operan como una única entidad jurídica, un concepto legal denominado “alter ego”.
La condena inicial obligó a la República a desembolsar más de US$ 16.000 millones, pero eximió de responsabilidad a YPF. Si se logra probar la figura del alter ego, los demandantes tendrían luz verde para embargar activos de YPF y de otras empresas estatales (tales como Aerolíneas Argentinas, ENARSA o el Banco Central) con el fin de garantizar el pago de la sentencia.
La orden de la corte busca activamente mensajes —incluyendo aquellos intercambiados en plataformas como WhatsApp— que puedan indicar que los funcionarios emplearon vías de comunicación no oficiales para emitir directivas, influir en los precios de los combustibles o manejar la administración de YPF, actuando en beneficio directo del Estado y no respetando su autonomía como sociedad anónima.