La Unión Industrial Argentina (UIA) ha solicitado formalmente al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que el Poder Ejecutivo respalde la iniciativa legislativa de Biocombustibles, impulsada por la coalición conocida como la Liga de Provincias Bioenergéticas.
Este proyecto, que ya ha sido presentado ante el parlamento, es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre los gobiernos de nueve jurisdicciones (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán) y actores del sector privado. Su propósito principal es elevar la producción de bioetanol y biodiésel, diversificar la matriz energética nacional y generar empleo sostenible en las economías regionales.
Ventajas estratégicas y de sustentabilidad
La dirigencia de la UIA, representada por Martín Rappallini y Eduardo Nougués, enfatizó que esta legislación es crucial para agregar valor a materias primas como la caña de azúcar, el maíz y la soja. Argumentan que el nuevo marco legal reducirá la dependencia de combustibles importados, fortalecerá las cadenas productivas locales y atraerá nuevas inversiones.
El esquema regulatorio propuesto contempla un incremento gradual en los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles. Además, busca abrir oportunidades para la inversión en los sectores de transporte aéreo, marítimo y fluvial, y facilitar la adopción de motores flex y kits de conversión vehicular.
Un punto fundamental del proyecto es la intención de reemplazar el actual régimen de cupos y precios fijos por un sistema de licitaciones transparentes entre empresas privadas, con el objetivo de fomentar la competitividad y otorgar mayor certidumbre al mercado.
Urgencia en el Norte Argentino
Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, aportó un testimonio contundente, destacando la situación crítica que enfrentan las provincias del Norte Grande:
"El norte argentino se encuentra en un estado límite. Carecemos de explotaciones de petróleo o litio operativas. Nuestra base económica es la industria azucarera, y si no protegemos este sector, condenaremos a la zona a una mayor precariedad".
Rocchia Ferro demandó elevar el corte obligatorio de bioetanol, que actualmente se sitúa en un 12% (dividido equitativamente entre caña y maíz), e insistió en que esta demanda trasciende cualquier color político: "No se trata de solicitar favoritismos, sino de asegurar la aplicación de la Constitución. El bioetanol es la herramienta esencial para crear puestos de trabajo, fomentar el arraigo y asegurar un porvenir".
Con el apoyo formal de la UIA y de las entidades industriales de todo el territorio, este proyecto se posiciona como una estrategia energética de carácter federal que busca no solo reemplazar importaciones, sino también disminuir las emisiones contaminantes, propiciar el desarrollo de las regiones y asegurar un futuro ambientalmente más armónico.