La provincia de Neuquén ha implementado un novedoso sistema de control diseñado para asegurar que las compañías privadas cumplan a cabalidad con las inversiones prometidas en las próximas concesiones no convencionales que se adjudiquen en el yacimiento Vaca Muerta.
La gestión del gobernador Rolando Figueroa llevará a cabo una revisión trienal del desempeño de las empresas, enfocándose en tres indicadores clave:
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Inversiones realizadas.
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Producción de hidrocarburos.
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Nivel de actividad operativa.
Si una empresa no puede probar el cumplimiento de los objetivos establecidos en cualquiera de estos tres puntos, la provincia estará facultada para revertir y retirar hasta el 50% del área concesionada.
Origen del "Leading Case"
Este cambio trascendental se materializó a través del Ministerio de Energía provincial, liderado por Gustavo Medele. Se implementó inicialmente mediante un acuerdo con Geopark, que autorizó la transferencia de la concesión (Cench) de las áreas Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.
Dicha negociación, cerrada en septiembre, servirá como un "leading case" (caso líder). La provincia buscará aplicar este mismo modelo y homologarlo en todas las futuras concesiones de explotación no convencional que se otorguen en Vaca Muerta por un período de 35 años.
El paradigma que queda atrás
Esta nueva regla representa un verdadero cambio de paradigma en la industria. Históricamente, aunque las operadoras debían presentar un programa de desarrollo para solicitar una Cench, este documento era solo una guía ‘nocional’ (una noción estimativa de magnitud) y no tenía carácter vinculante.
En la práctica, si los privados no lo cumplían, el Estado neuquino carecía de la autoridad legal para tomar medidas contra el titular de la Cench.
La potestad vinculante de Neuquén
Ahora, la situación es opuesta. Neuquén obtiene una potestad vinculante para realizar la evaluación de la performance (desempeño) de las petroleras cada tres años.
Si las compañías no logran justificar un desempeño adecuado en las tres variables (producción, inversión y actividad), la provincia podrá revertir —quitarle— al concesionario la mitad del campo evaluado.
Esta acción del gobierno neuquino está alineada con normativas internacionales, como las aplicadas en Colombia y EE.UU., que buscan fomentar un mayor dinamismo en la explotación de hidrocarburos.
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Si la petrolera incumple al menos una de las tres exigencias en los primeros tres años, se le quitará hasta el 50% de la concesión.
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Sin embargo, si se incumple el plan de inversiones, pero hay un aumento en la producción o actividad (o viceversa), no se aplicaría la penalización.
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Si, transcurridos otros tres años, el concesionario persiste en el incumplimiento, se le retiraría otro 50% del área restante, y así sucesivamente.
Elementos adicionales para el dinamismo
La salida de ExxonMobil actuó como un punto de quiebre que impulsó a la provincia a replantear las reglas de juego y a discutir las consecuencias de que una empresa "deje un área sin generar desarrollo después de algunos años". Esto también encendió una alarma sobre la valoración de los activos.
Por ello, el gobierno de Figueroa ya había implementado otros requisitos, como la participación de GYP en carry o el cobro de regalías destinadas a la infraestructura vial.
A este conjunto de cambios se añade la reconfiguración de la magnitud de las áreas. Se buscará reemplazar los bloques de hasta 250 km² por otros más pequeños, de hasta 100 km², en las nuevas adjudicaciones.
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Neuquén sigue el ejemplo de los leases o contratos de arrendamiento en Estados Unidos, donde los permisos iniciales son de 2,5 a 5 km² de superficie (640 o 1280 acres). Esto obliga a las empresas a adquirir múltiples contratos para formar bloques productivos.
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Además, en EE.UU., los contratos tienen una vigencia de 3 a 5 años, prorrogable a 10, y "En caso de que la petrolera no demuestre producción, pierden vigencia."
El propósito del gobierno es asegurar un dinamismo constante en Vaca Muerta, optimizando los tiempos de producción y previniendo que las empresas adquieran bloques solo "para luego venderlas cuando crece su valor en el mercado".
Legalmente, la provincia se ampara en el artículo 80 de la Ley 17.319 de Hidrocarburos —que establece el incumplimiento como causal de caducidad— y en la Ley provincial 2.453.
Según una fuente del gobierno neuquino: “La provincia debería ser capaz de entregar una concesión con cierto compromiso de la empresa y, si ésta no lo cumple, dejar que sea otro el que la desarrolle. Si una operadora cumple con el plan de inversiones o ejecuta pozos o tiene cierto nivel de actividad, el requisito está logrado, pero si no lo hizo, significa que no tiene espalda o vocación”.
La misma fuente concluyó que este mecanismo ofrece “seguridad jurídica para Neuquén”. Y justificó: “Hay que dar vuelta la torta también porque la provincia no puede dar concesiones que luego no tengan ninguna actividad”.