El Estado Nacional terminó la fase de evaluación financiera dentro del concurso para la administración privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. La suma total proyectada de ingresos alcanza los $706.885.298,49 dólares estadounidenses. Esta cifra se deriva de las ofertas definitivas presentadas para los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, considerado uno de los segmentos con mayor competencia.
Ocho compañías mostraron interés en el proceso, que se desarrolló mediante un mecanismo competitivo donde la valoración de los bienes y las cláusulas de operación resultaron cruciales. La determinación económica constituye una progresión fundamental en la migración hacia un sistema de manejo renovado para uno de los centros hidroeléctricos de mayor envergadura en el territorio nacional.
Respecto al caso específico de Cerros Colorados, los términos del pliego establecían la posibilidad de iniciar una vuelta de optimización si la diferencia entre las dos principales propuestas iniciales no superaba el 10%, una circunstancia que se dio. Por tal motivo, se solicitó a Edison Inversiones S.A.U. y BML Inversora S.A.U. que presentaran nuevas proposiciones. Después de esta instancia, Edison presentó el monto más elevado, completando así el panorama financiero general.
Habiendo concluido este paso, la convocatoria avanza hacia la instancia culminante de adjudicación y el subsiguiente traspaso operacional, el cual el Ejecutivo espera finalizar antes de la conclusión del año. El expediente continúa examinando la aptitud de los futuros administradores para mantener y modernizar estructuras fundamentales para el mapa energético de la Patagonia.
Grupos habilitados para competir
La semana anterior, el Ministerio de Economía validó la precalificación de los siete consorcios postores habilitados para la subsiguiente etapa del procedimiento de privatización de represas. "Este viernes se conocerán las ofertas económicas de los grupos".
Entre las compañías seleccionadas, cuatro ya son operadoras actuales: Enel; AES Argentina; Central Puerto (en alianza con Central Costanera); y Orazul. Los grupos restantes son aquellos liderados por Edison; Aluar y Genneia; y Pampa Energía.
Este mecanismo, impulsado por la Secretaría de Energía y bajo la coordinación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), forma parte del plan de privatizaciones que comenzó este año bajo la gestión de Javier Milei. La meta gubernamental es prorrogar los convenios que caducaron en 2023, mediante un modelo que combine la participación particular, una supervisión estatal superior, y la inclusión de las provincias de Neuquén y Río Negro con una cuota de hasta "un 10% del capital accionario".
El aliciente económico es notable: el Gobierno estima recolectar aproximadamente $500 millones de dólares con la venta de las cuatro instalaciones, las cuales son todos activos generadores de superávit y de carácter estratégico para el balance del sistema interconectado nacional. Los nuevos concesionarios tendrán la obligación de abonar un impuesto a las provincias por el aprovechamiento del recurso hídrico y destinar un porcentaje de sus ganancias a labores de infraestructura hidráulica que serán especificadas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).