El Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP) manifestó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) debe ser capaz de atraer capitales significativos sin desmantelar el conjunto de pequeñas y medianas empresas que suministran a Vaca Muerta. Leonardo Brkusic, director ejecutivo de la agrupación, argumentó que el régimen, en su formulación actual, “brinda seguridad jurídica a una parte de la cadena y destruye a otra”, al permitir que los grandes emprendimientos ingresen equipos y plantas completos sin establecer objetivos progresivos de integración de componentes nacionales. Él afirmó: “Es una decisión de modelo: se puede desarrollar el sector como Angola o como Noruega”, y demandó la implementación de normas favorables a los proveedores, estándares de contratación definidos y acceso a financiamiento para certificar la producción local en las grandes obras.
Esta advertencia surge en un contexto donde el indicador de actividad pyme se encuentra en una situación delicada. CEIPA, una cámara que nuclea a compañías de servicios en la región, reportó que entre unas 180 empresas se registra un 50% de capacidad de producción sin utilizar y una disminución similar en la facturación, lo que genera tensiones financieras y un riesgo de cierres si el flujo de contratos no mejora. Paralelamente, encuestas difundidas por medios especializados, citando al GAPP, indican que más del 75% de las empresas opera con recursos ociosos y casi el 16% ya ha informado cesantías y suspensiones de personal, algo poco común en un sector que tradicionalmente evita los recortes de empleo. En palabras de Brkusic, la cadena de valor está atravesando un “valle de actividad” que podría prolongarse varios meses si no se modifican las normativas.
¿Cuáles son las peticiones de los proveedores? Solicitan metas de integración local, escalonadas y cuantificables, para los proyectos que se acojan al RIGI siempre que exista una oferta de productos nacionales competitiva; prioridad de compra que considere la trazabilidad, la calidad y los tiempos de entrega; criterios uniformes de contratación y pago para disminuir las asimetrías entre los grandes adjudicatarios y las pymes; y planes de desarrollo (que abarquen financiación, certificaciones e Investigación y Desarrollo) para aumentar las capacidades sin entorpecer la llegada de inversiones. El objetivo principal —enfatizan— no es paralizar los proyectos, sino “afinar la herramienta” para que el gasto de capital (capex), el empleo y la tecnología se concentren en mayor medida en la cadena de suministro nacional.
El marco económico general justifica en parte esta urgencia: la ralentización en el ritmo de las obras, las renegociaciones de contratos y el encarecimiento del crédito han reducido los márgenes. Además, la importación masiva de insumos sería, según las cámaras, un perjuicio adicional para los talleres, metalmecánicas, empresas de logística y servicios que orbitan alrededor de la exploración y producción (upstream). En este escenario, el diseño final del RIGI determinará quién se apropia del valor generado en la próxima década: si el beneficio fiscal y la rapidez de ejecución se traducen también en impulso para los proveedores locales o si la porción mayor del negocio se importará “llave en mano”.