El Poder Ejecutivo Nacional está avanzando con el proceso de licitación para la gestión privada de los cuatro complejos hidroeléctricos situados en la región del Comahue: Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados-Planicie Banderita y El Chocón-Arroyito. Se ha puesto especial énfasis en la necesidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva del registro judicial y arbitral de las empresas que presenten ofertas, en particular de aquellas que hayan entablado disputas legales previas contra el Estado argentino en jurisdicciones internacionales.
La convocatoria, que originalmente se había programado para septiembre, pero que fue pospuesta a petición de las empresas debido a la alta inestabilidad cambiaria antes de las elecciones presidenciales, tiene como meta renovar las concesiones que caducaron en 2023. El nuevo esquema incluye tanto la participación del sector privado como una reserva accionaria de hasta el 10% para las provincias involucradas: Río Negro y Neuquén.
Mecanismo de canon e infraestructura
La propuesta introduce el pago de un canon por la utilización del recurso hídrico y establece un sistema de distribución de los ingresos. Este sistema destinará una porción de las ganancias a la financiación de obras de infraestructura que serán definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), buscando de esta manera garantizar un manejo eficiente, federal y sostenible del sistema.
Entre las corporaciones que han manifestado interés en competir se encuentran los actuales operadores (como AES Corporation, Enel Generación, Aconcagua Energía Generación y Central Puerto), además de nuevos participantes del ámbito energético, como la francesa TotalEnergies y los grupos chinos con vasta experiencia global en el negocio hidroeléctrico, así como empresas nacionales como YPF Luz, Pampa Energía, Genneia y MSU Energía.
El precedente del CIADI, factor sensible
El historial de controversias internacionales es considerado un elemento de alta sensibilidad por el Gobierno. Un caso de relevancia es el de la compañía estadounidense AES, que anteriormente operó Alicurá y que este año consiguió un dictamen favorable del CIADI por más de 700 millones de dólares. Este laudo fue consecuencia directa de la pesificación de contratos que tuvo lugar en la década del 2000.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Energía indicaron que, si bien estos antecedentes no implican una exclusión del proceso licitatorio, sí exigen “un análisis más cuidadoso” durante la etapa de evaluación. “El país no puede exponerse a repetir conflictos jurídicos que terminaron costando millones de dólares”, argumentaron desde el entorno oficial.
El nuevo plazo final para la entrega de propuestas se ha establecido para el 7 de noviembre próximo. El Ejecutivo tiene la expectativa de adjudicar las nuevas concesiones antes de que concluya el año, lo cual se alinea con su estrategia de reorganización del sector energético.