El Ministerio de Economía prorrogó por catorce días la recepción de las propuestas para el concurso destinado a la cesión del 100% de las participaciones accionarias de las empresas concesionarias de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados (Planicie Banderita) y Piedra del Águila. La nueva fecha y hora para la presentación se fijaron para el 7 de noviembre de 2025 a las 17:00 (anteriormente: 23/10/2025), y el plazo para formular consultas sobre las bases y condiciones se extendió hasta el 27/10/2025 a las 17:00. Todo esto se formalizó a través de la Resolución 1649/2025, vigente desde su emisión. El propósito: fomentar una mayor concurrencia de aspirantes y maximizar los ingresos del erario público.
Este procedimiento se lleva a cabo bajo la modalidad de Concurso Público Nacional e Internacional sin precio base, enmarcado en la Ley 23.696 y su normativa complementaria. La disposición establece la obligatoriedad de publicar la medida en CONTRAT.AR, DGMarket y el portal de la Secretaría de Energía. Además, rememora el marco regulatorio previo: la constitución de las cuatro entidades por parte de ENARSA y NASA (con participaciones del 98% y 2%), la adjudicación de las concesiones a dichas empresas y su validez supeditada a la concreción del proceso y la transferencia del paquete accionario.
El evento se desplaza dos semanas y, una vez más, el proceso queda en "modo espera". Sin que se hayan ofrecido más justificaciones oficiales, lo que procede ahora es cumplir con el cronograma y evitar nuevas alteraciones que puedan minar la credibilidad de los concurrentes.
La licitación, que representa un avance crucial en la reprivatización de la gestión operativa de estas centrales hidroeléctricas, es monitoreada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) junto a la Secretaría de Energía, y se estima que el trámite culminará antes de que finalice el año con la designación de los nuevos concesionarios.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Energía, dirigida por María Tettamanti, manifestaron que anticipan una nutrida participación en la convocatoria, considerando que "las represas son activos estratégicos y superavitarios, con un alto nivel de interés por parte de inversores".
El proceso de reprivatización
La reprivatización de estas plantas fue oficializada a través de la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía, en el marco de la segunda fase del plan de desinversión de ENARSA determinado por el Decreto 286/2025.
El propósito central es ceder el control accionario de las sociedades anónimas encargadas de la administración de las represas. Esto implica la enajenación de la totalidad del capital social de las compañías creadas para operar cada complejo hídrico, reproduciendo la metodología aplicada durante la privatización de la década del 90.
Por primera ocasión, un proceso de licitación de esta envergadura en el sector energético argentino se realizará por medio de la plataforma Contrat.Ar, que es el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones del Estado Nacional implementado por la Oficina Nacional de Contrataciones. Este sitio permite a las entidades públicas tramitar y difundir sus procesos, mientras que los ofertantes tienen la posibilidad de presentar sus propuestas "de forma ágil, transparente y segura", según la descripción oficial. A diferencia de las licitaciones convencionales, que se definen con sobres de papel, en esta ocasión el sistema será completamente digital, incluso para bienes de gran valor que podrían atraer propuestas monetarias significativas.
El pliego de condiciones impone determinadas exigencias de índole técnica. Conforme al documento, los aspirantes deberán demostrar trayectoria probada en la operación de usinas hidroeléctricas de por lo menos 100 MW, tanto en promedio histórico como en los últimos dos años. Adicionalmente, los operadores tendrán que evidenciar que sus equipos han mantenido una operatividad promedio superior al 90% en los dos años recientes y que la dirección de las centrales ha sido ininterrumpida por un lapso mínimo de cinco años.
Desde la Secretaría de Energía se comunicó a este medio que el documento de bases fue elaborado conjuntamente con la ATEP, cuya institución se oficializó mediante el Decreto 644/2024 como "Unidad ejecutora especial temporaria", actualmente bajo la conducción de Diego Martín Chaher, y que se trabajó en estrecha colaboración con las provincias de Neuquén y Río Negro.