En un movimiento coordinado con la actualización de los cuadros del gas, el Gobierno nacional terminó de cerrar el círculo de los aumentos en servicios públicos para el cuarto mes del año. A través de las resoluciones 197 y 198/2026 publicadas este martes en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras Edenor y Edesur.
Las subas, que entrarán en vigencia este miércoles 1 de abril, impactarán en todas las categorías de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), consolidando una presión inflacionaria que no da tregua a los hogares ni a los comercios.
Según los textos oficiales, los incrementos responden a la actualización mensual del Costo Propio de Distribución (CPD), el componente de la factura que remunera la actividad de las empresas. Para los usuarios de la zona norte (Edenor), el aumento del CPD será del 2,04% respecto a marzo, mientras que para los clientes de la zona sur y Capital (Edesur), el ajuste se fijó en un 1,98%. Si bien los porcentajes parecen moderados en términos de distribución, se suman a una base tarifaria que ya fue fuertemente indexada durante el primer trimestre del año.
Alcance general: De usuarios residenciales a clubes de barrio
La normativa del ENRE no deja nicho sin tocar. El nuevo esquema tarifario se aplicará de forma diferenciada pero integral, alcanzando a:
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Usuarios Residenciales: Tanto aquellos que mantienen subsidios estatales como los que pagan tarifa plena.
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Entidades de Bien Público y Clubes de Barrio: Sectores que, a pesar de contar con un régimen tarifario propio, verán actualizados sus costos fijos y variables.
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Usuarios-Generadores: Aquellos que inyectan energía sobrante a la red mediante paneles solares también verán modificadas sus tarifas de inyección.
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Sistemas de Medición Autoadministrada: Se aprobaron valores específicos para quienes utilizan métodos de prepago o control de carga.
Nación resaltó que estas actualizaciones son parte de las Revisiones Tarifarias Quinquenales que lleva adelante el ENRE. El objetivo declarado es garantizar la sostenibilidad del servicio de transporte y distribución, aunque en la práctica representa un nuevo golpe al bolsillo en medio de un escenario de recesión y caída del consumo interno.
VAD y Costos de Distribución: La letra chica del aumento
Para entender el impacto real, el Gobierno fijó el Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio en montos que reflejan la estructura de costos de cada compañía. Para Edenor, el VAD se estableció en $60,747, mientras que para Edesur quedó en $55,900. Estas cifras son las que determinan la rentabilidad de las empresas y su capacidad de inversión, un punto siempre en disputa ante los recurrentes cortes de suministro que sufre el AMBA durante los picos de temperatura, como el bloqueo atmosférico que afecta al país esta semana.
La resolución también aclara que para los usuarios que aún reciben subsidios, la vigencia será inmediata desde el 1 de abril. Esto obliga a las distribuidoras a una readecuación masiva de sus sistemas de facturación en menos de 24 horas, un proceso similar al que están atravesando las empresas de gas. El dato político detrás de la medida es la continuidad de la indexación mensual "por goteo", una estrategia que el Ministerio de Economía utiliza para reducir el déficit por subsidios sin generar un único salto tarifario que dispare el índice de precios al consumidor (IPC).
El impacto en el bolsillo: Una factura de luz cada vez más pesada
Con este nuevo ajuste, un hogar promedio del AMBA enfrentará en mayo (cuando lleguen las boletas de abril) un costo de energía eléctrica que ya acumula una suba significativa en lo que va del año. Si a esto se le suma el aumento del gas y el transporte, el peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo ya supera niveles críticos.
Para los comercios e industrias pymes, el panorama es aún más sombrío: la suba del VAD y del CPD llega en un momento de desplome de ventas, lo que obliga a muchos establecimientos a trasladar el costo a los precios finales o, en casos extremos, a reducir horas de producción. El Gobierno apuesta a que esta "normalización" de las tarifas atraiga inversiones, pero por ahora, el único efecto visible es el retiro de pesos de la economía real para financiar las cajas de las empresas energéticas.