El martes, Daniel González, quien se desempeña como Secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, presentó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados los fundamentos de la política energética incorporados en el proyecto de presupuesto para el año 2026. Durante su intervención, el funcionario resaltó la relevancia de Vaca Muerta y las cambios que se planean en los regímenes tarifarios y los subsidios.
La jornada se desarrolló en un contexto de turbulencia política dentro de la comisión, ya que su entonces presidente, José Luis Espert, dimitió a su cargo y solicitó una licencia hasta diciembre. Esta decisión se hizo pública luego de que se revelaran sus lazos con el empresario Federico “Fred” Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue ratificada por la Corte Suprema. Machado enfrenta un juicio en ese país por cargos de narcotráfico y lavado de activos. En consecuencia, el diputado libertario Alberto Benegas Lynch asumió la presidencia de la comisión.
Ejes de la Estrategia Gubernamental
González clarificó que el propósito primordial del plan energético del Poder Ejecutivo es "la normalización de un sistema que tiene normas adecuadas, pero que venimos incumpliendo a través de distintos gobiernos durante muchos años”.
El secretario rememoró que las metas de la política energética se sustentan en las reglamentaciones derivadas de la Ley Bases: los decretos 1057/2024 y 450/2025. Subrayó: "La competitividad argentina depende de tener una matriz energética sólida, previsible y eficiente. Este presupuesto sienta las bases para lograrlo".
En el ámbito del petróleo, enfatizó la habilitación para concretar ventas a un valor equivalente al de exportación, comentando: "Esta medida ya lleva un año y no ha tenido un impacto negativo en los precios de los combustibles". Aseguró que "El petróleo se vende en Argentina a paridad de exportación, y la mayoría de la gente ni se ha enterado”.
Respecto al gas natural, especificó que "casi todo el gas que se produce está contratado por Plan Gas con un solo off taker que es el Estado Nacional a través de CAMMESA y ENARSA". No obstante, señaló que los productores tendrán la facultad de desafectarse del programa para vender directamente a empresas industriales, distribuidoras y generadoras de electricidad.
Gestión de Servicios Públicos y Costos
En el terreno de los servicios esenciales, González indicó que se ha implementado una revisión tarifaria quinquenal que posibilitará a las empresas ejecutar las obras de infraestructura requeridas. Simultáneamente, el esquema de subsidios continuará su senda de reducción paulatina.
Mencionó que, mientras el costo de la energía eléctrica asciende a $78 por MWh en 2025, los usuarios residenciales y comerciales abonaron $41. La previsión del Presupuesto 2026 es que el costo para los consumidores se eleve a $52 el año entrante.
En cuanto al gas, el Plan Gas retribuye a los productores con más de $4 por millón de BTU. En contraste, este año los usuarios residenciales pagaron $2,46, proyectándose un pago de $2,77 para el próximo año.
Modulación de asignaciones presupuestarias
El funcionario resaltó la necesidad de segregar las subvenciones basándose en los ingresos familiares. Explicó que, para la electricidad, las familias de altos ingresos (N1) cubrirán el 100% del costo, las de ingresos medios (N3) el 67% y las de bajos ingresos (N2) el 43%. Se mantendrán subsidios para 9 millones de hogares, lo que representa el 60% de los 16 millones totales.
En el caso del gas, los porcentajes de cobertura son 68%, 41% y 29%, respectivamente, con una subvención promedio del 61%. González argumentó que este desmonte escalonado permite el progreso del sistema energético sin afectar la capacidad de pago de los usuarios, aseverando que "la sociedad va entendiendo que el peor de los escenarios es pagar barato pero no tener energía”.
Añadió: “Queremos reducir el peso de los subsidios que estimamos va a ser 0,66% del PBI en 2025 a 0,50% en 2026. La reducción es importante, pero es absolutamente gradual. Pensemos que ese 0,5% de este año llegó a ser 2,8% en el 2014. Ese es otro cambio de paradigma”.
Crítica a la Ley de Zona Fría
González cuestionó severamente el régimen de la Zona Fría Ampliada, calificándolo de "muy mal régimen, de una muy mala ley: regresiva, deficitaria e injusta". Argumentó que esta legislación subsidia la totalidad de la tarifa, sin considerar el volumen de consumo, beneficiando incluso a provincias con climas templados como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
El funcionario expuso que más del 40% de los usuarios reciben subvenciones que cubren entre el 30% y 50% de su factura, incluso sin registrar consumo de gas. Este costo es absorbido por el 60% restante de la población, que actualmente afronta un recargo del 6,5% en su factura, el cual subirá a 7,5% en el Presupuesto 2026. Puso como ejemplo: "un jubilado de La Matanza paga un 7,5% más de su factura de gas para subsidiar el 30% de un departamento en alquiler en Mar del Plata".
Reorganización del Sistema Eléctrico
El secretario manifestó la necesidad de restablecer la solidez financiera de las empresas de servicios públicos, afirmando: "Lo que hemos intentado hacer es, por un lado, recomponer los balances de las compañías que proveen los servicios públicos, porque con compañías quebradas lo único que vamos a tener son servicios de mala calidad. No están en condiciones de invertir, si no invierten, el que cree que iba a tener energía barata termina en el peor de los mundos: no tiene energía. Por eso, los cortes que hemos visto en Argentina continuarán durante muchísimos años, porque esta infraestructura tarda muchos años en reemplazarse. Y, como decía antes, al mismo tiempo que necesitamos que se recompongan los balances de esas compañías, necesitamos también recomponer las arcas del Estado Nacional con la reducción de subsidios”.
En este contexto, González anticipó la estrategia para la reconfiguración del mercado eléctrico mayorista: "Hemos separado una cantidad de energía y potencia, que tiene un costo cierto, y la vamos a direccionar a la demanda residencial y comercial de todo el país. El resto de la oferta, que incluye energía nueva, tendrá que contratar directamente en el mercado con sus clientes”.
El objetivo principal, detalló, es utilizar los recursos naturales disponibles para incrementar la oferta energética, abaratar los costos de generación y beneficiar a la ciudadanía con precios más bajos y la posibilidad de exportaciones. Finalizó enfatizando: "Bajar el costo de la energía depende exclusivamente del nivel de inversiones que se hagan en el sistema. Si tenemos un sistema que desincentiva las inversiones, vamos a seguir viendo lo mismo que vimos en las últimas décadas. Es imposible bajar el costo de la energía, sin inversiones que aumenten su oferta”.