El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha oficializado la extensión por diez años de las concesiones para el transporte de hidrocarburos líquidos que opera la petrolera YPF S.A. La prórroga, que comenzará a regir en noviembre de 2027, abarca la vasta red de oleoductos y poliductos que atraviesa las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
La medida quedó sellada mediante el Decreto 698/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Compromiso de inversiones millonarias
La decisión gubernamental no solo renueva la operación, sino que también avala un ambicioso Plan de Trabajo e Inversiones (PTI) presentado por la compañía. Dicho programa exige desembolsos por un total de $364.3 millones de dólares a lo largo del período de extensión. Estas inyecciones de capital están destinadas a obras cruciales como la ampliación de capacidad, la optimización de sistemas, la mejora de la seguridad operativa, la actualización tecnológica y la modernización de los equipos.
Además, el decreto impone a la petrolera la obligación de ejecutar inversiones adicionales que ascienden a $278.1 millones de dólares en el trienio previo (2025-2027), antes de que inicie formalmente la prórroga. YPF deberá informar semestralmente sobre el progreso de estas obras a la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos.
La red estratégica en cifras
Las concesiones en cuestión cubren una infraestructura estratégica de ductos de aproximadamente 3.000 kilómetros. Este sistema incluye arterias vitales como los oleoductos Puerto Rosales-La Plata, La Plata-Dock Sud y Puesto Hernández-Luján de Cuyo.
También forman parte del acuerdo los poliductos que conectan Luján de Cuyo-Villa Mercedes, Villa Mercedes-Montecristo, Montecristo-San Lorenzo, Villa Mercedes-Junín-La Matanza, La Plata-Dársena de Inflamables y Dársena de Inflamables-La Matanza; sumándose el JP Ducto La Matanza-Ezeiza.
Finalmente, el documento deja claro que cualquier incumplimiento de las inversiones prometidas será causal de caducidad de las concesiones. La petrolera también queda sujeta al estricto cumplimiento de la normativa ambiental, los estándares de seguridad y las disposiciones de acceso abierto vigentes, manteniendo su registro actualizado en el padrón nacional de transportistas de hidrocarburos.