La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, se presentó este jueves ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados para exponer la propuesta oficial de modificar y prolongar la Ley 27.191 de Energías Renovables. La funcionaria afirmó que la normativa, promulgada en 2015, posibilitó transformar la matriz energética nacional, pero sostuvo que el escenario actual demanda actualizar los estímulos y buscar una mayor certeza para atraer capitales.
"Gracias a ese régimen, hoy más del 17% de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables, y estamos proyectando llegar al 20% en 2026", declaró durante su intervención. Según explicó, los costos de las tecnologías descendieron en la última década y ya no son necesarios los mismos mecanismos de promoción: "La propuesta de modificación busca actualizar el marco normativo para adecuarlo al nuevo escenario tecnológico y económico".
El debate parlamentario se enfoca en un proyecto impulsado por la diputada oficialista Lorena Villaverde, presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles, junto al diputado Martín Maquieyra, vicepresidente primero de la misma comisión. La iniciativa sugiere extender los beneficios impositivos del sector renovable hasta el 31 de diciembre de 2045, disminuyendo la participación estatal en la comercialización.
Cambios a la Legislación de Energía Limpia
Tettamanti resaltó que el punto esencial de la reforma es asegurar un panorama estable para quienes invierten en el sector. "La propuesta extiende por 20 años la seguridad fiscal para los proyectos actuales y futuros", especificó, y expresó: "Esto significa no crear nuevos impuestos ni gravámenes, ni a nivel nacional, provincial o municipal".
La funcionaria mantuvo que el nuevo diseño permitirá una competencia equitativa: "Hoy las renovables ya pueden competir con cualquier otra fuente de energía. La libre elección de proveedores permitirá a las empresas optar según precio, criterios ambientales o corporativos". En ese contexto, reafirmó que el mejor incentivo para la inversión es "reducir riesgos con reglas claras y baja carga impositiva".
Según Tettamanti, la discusión sobre las energías limpias debe priorizar el beneficio para los consumidores: "El objetivo final es que la energía en Argentina sea más barata y accesible para todos los consumidores", sostuvo.
Financiación Particular en la red eléctrica
La máxima autoridad de la cartera energética también advirtió que el sistema de transmisión está casi colapsado en los principales centros urbanos. "En CABA y en el Gran Buenos Aires estamos casi en el límite de la capacidad y hay líneas que pueden destrabar cuellos de botella", señaló.
"Ya hemos definido las obras más relevantes para ampliar la capacidad eléctrica", añadió durante su comparecencia en la Cámara baja.
Sobre este punto, anunció que el Gobierno prepara una licitación para expandir la red, pero delegando la financiación en manos privadas: "Va a haber una licitación que llevará adelante el Estado nacional, pero la inversión la va a hacer el sector privado. Estamos apostando al financiamiento privado y trabajando también con organismos internacionales. No queremos comprometer los fondos públicos".
El monto estimado para estas obras ronda los USD 1.000 millones, si bien la cifra definitiva emergerá de la competencia entre empresas. Para concluir, Tettamanti hizo hincapié en la relevancia de la estabilidad normativa: "Es fundamental que los inversores sepan que podrán repagar esa inversión, que es de muy largo plazo, y que no va a haber cambios en las reglas del juego".
Las demandas del sector
En agosto, la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) destacó la importancia de prolongar la Ley 27.191 por 20 años. Mediante un comunicado, la entidad consideró que la medida "aporta previsibilidad y confianza al sector" y que la prórroga del marco legal "permitirá consolidar inversiones, atraer financiamiento y seguir potenciando la transición energética en Argentina".
Según la Cámara, la iniciativa establece que el acceso y la utilización de las fuentes renovables no estarán gravados por impuestos específicos, cánones o regalías en ninguna jurisdicción del país, logrando "reglas claras y estables" para la inversión energética.
"La industria renovable no necesita subsidios ni beneficios fiscales adicionales. Lo que requiere es previsibilidad y un marco jurídico confiable para seguir invirtiendo con financiamiento de largo plazo. La estabilidad es, en sí misma, la mejor política de fomento", afirmó Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la CEA.
Desde la entidad indicaron que el sector de las energías renovables es "intensivo en capital y demanda horizontes de planificación de entre 15 y 20 años". Y añadieron: "Por eso, la continuidad de la Ley 27.191 constituye un instrumento clave para atraer capital nacional e internacional, consolidar los avances logrados en la última década y contribuir a una matriz energética más diversificada y competitiva".
"La prórroga de la Ley 27.191 representa una oportunidad para profundizar este camino, garantizando que las energías renovables continúen siendo un motor de desarrollo económico, social y ambiental para la Argentina", finalizó Ruiz Moreno.