El Gobierno Nacional puso en marcha recientemente una reforma estructural del mercado eléctrico que, tras las próximas elecciones, impactará directamente en los costos operativos de empresas, industrias y comercios. La medida clave es la dolarización del costo de generación de energía, un movimiento que promete blindar las tarifas residenciales, pero a costa de trasladar la volatilidad cambiaria a los sectores productivos.
El Nuevo Esquema: dolarización de la generación y segmentación del mercado
El núcleo de esta modificación se centra en dos cambios principales que dividen al sistema en dos segmentos:
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Mercado Estacionalizado: Este segmento sigue siendo regulado por el Estado, a través de Cammesa, y engloba a los usuarios residenciales, pequeños comercios, cooperativas y PyMEs. Si bien mantendrán tarifas reguladas, su exposición al tipo de cambio se acelerará, ya que el precio de la energía subyacente será en divisa extranjera.
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Mercado Desestacionalizado: Aquí se ubican los grandes usuarios con alta demanda. Estos actores dejarán la intermediación estatal y podrán negociar contratos de compra directa con las empresas generadoras, con precios fijados libremente y en dólares.
La esencia de la transformación es abandonar el esquema de precio a costo medio. Ahora, el costo de la energía para todo el sistema estará determinado por la central más cara que deba encenderse para cubrir el pico de demanda (generalmente, una unidad que opera con combustibles costosos como el gasoil). Esto implica que, aunque gran parte de la energía se produzca más económicamente, el precio final se anclará al valor más alto.
Costos y riesgos confirmados por el Gobierno
Las implicaciones financieras son significativas. El coordinador del área de energía, Daniel González, confirmó ante la Comisión de Presupuesto que el nuevo modelo implicará que los grandes consumidores enfrenten aumentos promedio del 15% anual, con posibles picos de hasta el 35% durante el invierno.
Según un documento interno de la Secretaría de Energía, firmado por Marcelo Positino, este mecanismo se traduce en un salto de ingresos para el sistema de hasta 785 millones de dólares anuales. El mismo informe admite que, si bien el nuevo esquema beneficia la estabilidad del segmento residencial, genera "mayor volatilidad y necesidad de cobertura contractual" para las industrias y comercios. En esencia, se protege al hogar volviendo el sistema más frágil y dependiente del dólar.
Un ex funcionario del sector criticó la maniobra, calificándola de "mito", y advirtió que la dolarización generalizada "convierte cada devaluación en un nuevo tarifazo".
Precedentes preocupantes
El riesgo de dolarizar la generación en una economía con alta inestabilidad cambiaria es la generación de un descalce crónico: los ingresos están en pesos, pero los costos de la energía en dólares. Si las tarifas no se ajustan al tipo de cambio, el Estado vuelve a acumular deuda con el sector, obligando al Tesoro a emitir o endeudarse para cubrirla.
Este escenario tiene un antecedente reciente en la Argentina. Estudios académicos reflejan que entre fines de 2023 y octubre de 2025, las facturas promedio de gas para hogares subieron un 799% y para comercios un 992%. La electricidad, por su parte, se encareció en un 524% para residencias y 570% para comercios. A esto se suma la pérdida de subsidios para aproximadamente 2 millones de hogares en electricidad y 705 mil en gas.
Especialistas alertan que, si la brecha cambiaria se profundiza y las tarifas se atrasan, el panorama se vuelve "jurídicamente explosivo". La historia post-2001 muestra que empresas internacionales no dudan en recurrir a tribunales como el CIADI por supuesta violación de contratos. El nuevo modelo no solo amenaza la estabilidad macroeconómica, sino que reabre la puerta a una nueva ola de litigios internacionales, reviviendo el fantasma de la crisis judicializada que siguió al quiebre de la convertibilidad.