El proyecto de ley de Presupuesto 2026 que envió el Poder Ejecutvo para su tratamiento en el Congreso, introduce importantes modificaciones en el sector energético, anticipando nuevos ajustes en tarifas y combustibles que se aplicarían después de las elecciones legislativas de octubre.
El impacto más significativo recaería sobre los precios de las naftas, debido a un aumento interanual del 72% en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (ICL/IDC), destinado a recuperar gran parte del rezago acumulado.
Tal como se reportó previamente, el congelamiento de este impuesto con el fin de contener los precios de los combustibles generó una pérdida de ingresos para el Estado de cerca de 1.800 millones de dólares durante los primeros ocho meses del año. Esta situación no será viable en 2026 dadas las estrictas metas fiscales que se han establecido.
Recorte en subsidios y reestructuración de fondos
En este contexto de austeridad, los subsidios energéticos también serán objeto de un recorte del 4,2% en dólares, reduciéndose a 4.685 millones en el período presupuestario, lo que implicaría que su peso caiga al 0,6% del PBI, una cifra casi tres veces inferior a la registrada en 2023.
La entidad más afectada por esta reducción presupuestaria es Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que experimentará una quita de fondos del 21% en dólares, descendiendo a 1.918 millones. Según un informe de la consultora Economía & Energía, esta cifra es más de cuatro veces menor que los 8.869 millones de dólares asignados en 2022.
El objetivo de las autoridades es que, con esta medida, se logre que la tarifa pagada por los usuarios cubra el 80,5% del costo mayorista de la electricidad. Esto representa un incremento de aproximadamente diez puntos porcentuales respecto al promedio cubierto durante los primeros ocho meses de 2025.
En contraste, Enarsa verá un ligero aumento del 1% en sus fondos, alcanzando los 904 millones de dólares, mientras que el Plan Gas recibirá un 10,7% más que en 2025, con una asignación de 473 millones de dólares.
Ajuste en Zonas Frías y compensación a distribuidoras
Otro gasto programado para ser ajustado es el Régimen de Zonas Frías, que contará con solo 327 millones de dólares. Esto se debe a la decisión de reducir el universo de beneficiarios para volver al esquema original previo a la Ley de 2021, limitando el beneficio a la Patagonia, el sur de Mendoza y una pequeña zona de la Puna.
De ser aprobada la medida por el Congreso, los habitantes de las provincias que fueron recientemente añadidas a este régimen serían los más perjudicados por la pérdida del beneficio. Mientras tanto, las provincias patagónicas y aquellas con temperaturas extremadamente bajas mantendrían el régimen diferencial vigente. La decisión final quedará supeditada al debate legislativo que se iniciará en los próximos meses durante el tratamiento del Presupuesto 2026.
Una novedad adicional en materia energética en el Presupuesto 2026 se halla en el artículo 74. Este establece que la Secretaría de Energía deberá cuantificar las diferencias entre los ingresos realmente obtenidos por las distribuidoras (sean nacionales, provinciales o municipales) bajo regímenes de emergencia tarifaria y lo que les hubiera correspondido sin esas normativas.
Una vez calculadas esas diferencias, se instruirá a CAMMESA a aplicar un crédito por las compras de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Este crédito estará condicionado a que las distribuidoras desistan de cualquier reclamo judicial o administrativo relacionado con las mencionadas emergencias.