El Poder Ejecutivo nacional impulsa una profunda redefinición del Régimen de Zona Fría, una medida que apunta a revertir la ampliación del beneficio sancionada en 2021 y volver al criterio geográfico original de 2002. De aprobarse la reforma que se debate en la Cámara de Diputados, el Estado lograría un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones, al excluir del beneficio a las regiones que no cuentan con climas de "severidad extrema".
La iniciativa surge ante la inviabilidad financiera del fondo fiduciario actual, el cual se sustenta con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas. Según el Gobierno, este mecanismo es insuficiente para cubrir la demanda de los 4 millones de hogares que actualmente perciben descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas, lo que genera un déficit operativo de $485.000 millones que hoy debe ser cubierto con aportes directos del Tesoro Nacional.
Impacto geográfico: El retorno a la "Zona Fría" original
El eje de la política promovida por el secretario de Energía, Daniel González, es la desregulación y "normalización" del sector energético. Bajo esta premisa, el Ejecutivo califica como una "aberración" la inclusión de zonas templadas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis en un régimen diseñado para compensar asimetrías climáticas críticas.
La propuesta oficial plantea limitar la asistencia exclusivamente a:
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La región Patagónica (en su totalidad).
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Malargüe (Mendoza).
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La Puna (Norte argentino).
Este recorte afectaría directamente a 1,2 millones de hogares situados en 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa y 8 de Santa Fe, entre otras áreas. Según el nuevo esquema, el subsidio ya no se aplicará sobre los impuestos ni el cargo fijo de la factura, sino únicamente sobre el metro cúbico efectivamente consumido, incentivando así el uso responsable del recurso.
Resistencia federal y la "cláusula de vulnerabilidad"
La medida ha despertado fuertes críticas entre los mandatarios provinciales. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió que la reforma representa un "daño tremendo" para la clase media, estimando que solo en su provincia 600.000 hogares perderán el beneficio, lo que implicará una transferencia de recursos desde las familias hacia el Estado de aproximadamente $12.000 millones.
No obstante, el proyecto contempla una red de contención mediante el Subsidio Energético Focalizado (SEF). Podrán continuar percibiendo la asistencia, independientemente de la zona geográfica, aquellos usuarios que acrediten:
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Ingresos por debajo de tres Canastas Básicas Totales.
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Titularidad del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).
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Condición de veteranos de Malvinas o poseedores del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Aumentos tarifarios: El escenario para los usuarios excluidos
Para aquellos hogares que queden fuera del nuevo esquema y no califiquen para el SEF, el impacto en el bolsillo será inmediato y severo. Un estudio de la fundación IERAL estima que, en ciudades como Bahía Blanca, el incremento en la factura de gas podría alcanzar el 100% de forma automática al eliminarse el descuento por zona fría.
Como contrapartida, el Gobierno analiza implementar "compensaciones eléctricas" durante la temporada estival para las provincias del norte (Misiones, Salta, Tucumán, entre otras), atendiendo al elevado consumo de energía derivado de las olas de calor extremo.