El Poder Ejecutivo Nacional formalizó una profunda reforma estructural sobre los procedimientos que regulan la actividad extractiva en el país. A través de la firma del Decreto 482/2026 por parte del presidente Javier Milei, el Gobierno actualizó y simplificó el texto reglamentario de la Ley de Inversiones Mineras. Desde la Casa Rosada destacaron que se trataba de una normativa que acumulaba más de tres décadas sin modificaciones operativas, y afirmaron que el nuevo digesto permitirá acelerar el potencial minero argentino bajo un entorno de reglas claras, previsibles y simplificadas.
La flamante normativa introduce adecuaciones diseñadas para acoplar el régimen de fomento a las nuevas realidades de los procesos productivos, los saltos tecnológicos y las dinámicas administrativas modernas.
El objetivo central de la reforma es despapelar y modernizar los trámites sectoriales a través de la digitalización integral de los expedientes y la eliminación de cargas burocráticas ociosas que ralentizaban la llegada de capitales a gran escala.
Los ejes de la reforma: importaciones automatizadas y estabilidad fiscal
El Decreto 482/2026 introduce cambios de fuerte impacto en el día a día operativo de las compañías mineras y sus cadenas de valor, destacándose los siguientes puntos:
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Sustitución de las importaciones manuales: Se agilizó el ingreso de equipamiento e insumos críticos al eliminar el esquema previo de autorizaciones y certificaciones manuales. En su lugar, se implementó un sistema digitalizado, dinámico e interoperable en tiempo real con la Aduana.
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Optimización fiscal: Se agilizaron los mecanismos de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) acumulado por inversiones y se dotó de mayor precisión y certidumbre al alcance de la estabilidad fiscal garantizada por la ley.
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Declaraciones por Proyecto: Por primera vez se incorpora en la reglamentación la definición técnico-legal de “proyecto minero”. A partir de esta delimitación, las empresas deberán presentar sus declaraciones juradas de manera individualizada por proyecto y no de forma global corporativa.
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Modernización y Logística: Se establece la obligatoriedad del domicilio electrónico, se regula formalmente la figura de "bienes reacondicionados" para el ingreso de maquinaria pesada, se endurecen las pautas de control para los prestadores de servicios mineros y se amplía el radio de integración regional con el propósito de incentivar el desarrollo de proveedores locales y mejorar la competitividad logística en el interior del país.
El seguro ambiental como garantía
Otro de los cambios más relevantes del decreto es la resolución de una histórica superposición normativa en materia ecológica. La reforma introduce formalmente la opción del seguro ambiental obligatorio como un mecanismo de garantía real externa. Este instrumento financiero traslada de manera efectiva el riesgo potencial de un incidente hacia un tercero solvente y regulado por el Estado.
Con esta incorporación, se logra armonizar el artículo 23 de la Ley de Inversiones Mineras con las disposiciones de la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675). El seguro operará como un mecanismo alternativo y válido para dar cumplimiento a las obligaciones de prevención y mitigación ambiental. De esta forma, las empresas mineras evitarán la duplicación de exigencias financieras y la superposición de fiscalizaciones entre los estamentos técnicos mineros y las carteras ambientales, unificando el estándar de cobertura.
La elaboración de esta reforma integral fue el resultado de un diseño técnico articulado entre los equipos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, enmarcada en la política oficial de desburocratización de las fuerzas productivas.