El súper RIGI ya tiene media sanción en Diputados. A diferencia del RIGI aprobado en 2024, que prioriza proyectos de energía, minería e infraestructura, este nuevo régimen busca atraer inversiones en sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología. Sin embargo, antes de que el Senado avance, conviene formular una pregunta que trasciende el debate tributario: qué tipo de estrategia quiere construir Argentina respecto de sus sectores estratégicos.
En el siglo XXI, el control sobre los recursos estratégicos es una de las principales variables que determinan la distribución del poder entre los Estados. Quien desarrolla capacidades propias y conserva margen de decisión sobre esos recursos amplía su autonomía. Quien no lo hace queda cada vez más condicionado por decisiones tomadas fuera de sus fronteras. La discusión, por lo tanto, no es ideológica. Es estratégica.
Estados Unidos no necesita ofrecer regímenes de estabilidad jurídica excepcionales para atraer inversiones. Su seguridad jurídica constituye una ventaja estructural. Sin embargo, cuando se trata de sectores considerados estratégicos, ninguna inversión queda al margen del interés nacional. El Comité de Inversión Extranjera (CFIUS) puede bloquear, condicionar o incluso deshacer operaciones que afecten la seguridad nacional, ya sea sobre un yacimiento de litio o una planta de semiconductores. En enero de 2026 obligó a una empresa de capital chino a desprenderse de activos vinculados a la fabricación de chips que ya había adquirido en territorio estadounidense. Desde 2025, además, el Estado norteamericano pasó a ser accionista de empresas críticas vinculadas a minerales estratégicos, con participaciones en USA Rare Earth, MP Materials, una fundición en Tennessee e Intel. La mayor referencia mundial del libre mercado no considera contradictorio intervenir cuando están en juego recursos y tecnologías que definirán el poder económico del futuro.
La Unión Europea llegó a conclusiones similares después de comprobar los costos de depender del gas ruso. Antes de la guerra en Ucrania, alrededor del 40% del gas consumido por Europa provenía de Rusia, una dependencia que condicionó durante años su política exterior. Como respuesta, en 2024 aprobó la Ley de Materias Primas Críticas, que fija objetivos de extracción y procesamiento propios e impide depender en más de un 65% de un único proveedor.
El caso de Noruega probablemente sea el más ilustrativo de una regla más general: los países no solo gestionan recursos, sino que diseñan instituciones para capturar valor estratégico de ellos. Cuando descubrió petróleo en el Mar del Norte, en 1972, no se limitó a abrir el sector al capital privado. Creó Statoil y retuvo, como regla general, al menos el 50% de participación en cada licencia. El fondo soberano que hoy administra más de un billón de dólares apareció dieciocho años después como consecuencia de aquella decisión estratégica, no como su punto de partida. Brasil también atravesó intensos debates sobre Petrobras con gobiernos de distinto signo político, pero ninguno puso seriamente en discusión la necesidad de mantener bajo control nacional una empresa considerada estratégica.
Ninguno de estos países rechazó la inversión extranjera. Todos comprendieron que atraer capital y defender el interés nacional no son objetivos incompatibles. Exigieron transferencias tecnológicas, desarrollo de proveedores locales, participación en la renta o mecanismos de decisión compartida. En otras palabras, diseñaron incentivos que también fortalecieron capacidades nacionales. Argentina posee algunos de los recursos estratégicos más relevantes del mundo: las reservas de litio, los hidrocarburos de Vaca Muerta y minerales indispensables para la transición energética global. La discusión no debería centrarse en si conviene atraer inversiones para desarrollarlos. La verdadera pregunta es qué obtiene el país, además del desembolso inicial de capital.
Es natural que quien invierte busque rentabilidad. Pero también es responsabilidad del Estado definir reglas que permitan que esa inversión deje capacidades permanentes: tecnología, proveedores locales, empleo calificado, industrialización, innovación y un porcentaje capaz de financiar nuevas oportunidades de desarrollo. Esa no es una condición excepcional. Es la forma en que actúan la mayoría de los países cuando están en juego sectores estratégicos.
El súper RIGI, tal como fue aprobado en Diputados, no parece construir esa arquitectura. Solicita información sobre integración local e impacto en el empleo, pero no establece requisitos mínimos de contenido nacional, mecanismos de transferencia tecnológica, esquemas de participación estatal ni incentivos vinculados al desarrollo industrial. Lo que en Estados Unidos, Europa, Noruega o Brasil forma parte del diseño del régimen, en Argentina queda reducido a una declaración sin consecuencias concretas.
Atraer inversiones de gran escala resulta indispensable, pero no constituye, por sí sola, una estrategia de desarrollo. La diferencia entre un país que aprovecha sus recursos y otro que simplemente los administra no está en la cantidad de capital que recibe, sino en las reglas con las que decide vincularse con quienes vienen a invertir. Ninguna de las principales economías del mundo construyó poder renunciando a esa capacidad de decisión sobre sus propias reglas. Argentina todavía está a tiempo de decidir cuáles serán las suyas.