La Secretaría de Energía, que comanda María Carmen Tettamanti, determinó una nueva actualización de los precios de los biocombustibles que se usan para la mezcla obligatoria con gasoil y naftas, en el marco de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles.
A través de las Resoluciones 385 y 386/2025, publicadas en el Boletín Oficial, se establecieron los nuevos montos mínimos de compra para el biodiésel y el bioetanol, con vigencia durante todo octubre.
Según la Resolución 385/2025, el precio mínimo de adquisición del biodiésel (el que se mezcla con gasoil) quedó fijado en $1.508.704 por tonelada, un valor que se mantendrá hasta que se publique uno nuevo. La normativa también impone un plazo máximo de siete días corridos para el pago de las operaciones, a contar desde la fecha en que se emite la factura.
Por su parte, la Resolución 386/2025 puso al día los precios del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz, los productos que se mezclan con las naftas.
El nuevo precio para el bioetanol de caña de azúcar es de $891,286 por litro, mientras que el bioetanol de maíz se fijó en $816,887 por litro. En este caso, el plazo para abonar no puede exceder los 30 días corridos desde la facturación.
En atención a reclamos del sector
Ambas disposiciones se enmarcan en la revisión de precios ordenada por la Secretaría de Energía, con el propósito de "corregir desfasajes entre los valores de referencia y los costos reales de elaboración", así como para "evitar distorsiones en los precios finales de los combustibles fósiles".
El organismo recordó que la Ley 27.640 reemplazó el esquema anterior de fomento de biocombustibles y consolidó a la Secretaría de Energía como la autoridad de aplicación. En ese contexto, el área que conduce Tettamanti viene ajustando mensualmente los precios de referencia para las operaciones en el mercado interno, para "dar previsibilidad a los productores y garantizar el abastecimiento" de las mezclas obligatorias.
Las resoluciones subrayan además que las medidas se toman en el marco de la "emergencia económica y energética" declarada por el Decreto 70/2023 y la Ley 27.742, lo que refuerza la necesidad de mantener un equilibrio entre la viabilidad económica de las plantas productoras y la estabilidad de precios para los consumidores.
Con estos ajustes, el Gobierno busca asegurar la continuidad del esquema de biocombustibles, fundamental para "reducir emisiones de gases de efecto invernadero", "diversificar la matriz energética" y "fortalecer la industria nacional del biodiésel y el bioetanol". Sin embargo, y a pesar de que los precios se actualizaron, el sector sigue reclamando por una ley de biocombustibles que mejore la competitividad.
La UIA y las provincias productoras se unieron en el reclamo
La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Liga de Provincias Bioenergéticas están fogoneando una nueva Ley de Biocombustibles que busca fortalecer la producción de bioetanol y biodiésel, ampliar la matriz energética y promover un desarrollo más parejo entre las regiones.
La entidad presidida por Martín Rappallini y con Eduardo Nougués como secretario le envió una nota formal al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitando el respaldo del Poder Ejecutivo al proyecto, que ya está en trámite en ambas cámaras. La iniciativa se armó junto a gobiernos provinciales, empresas y cámaras del rubro, y cuenta con el apoyo de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.
Desde la UIA resaltaron que la ley permitiría "agregar valor a la caña de azúcar, el maíz y la soja", bajar la dependencia de combustibles fósiles importados y "proteger cadenas de valor estratégicas" para las economías regionales. También hicieron hincapié en su impacto ambiental y social: los biocombustibles disminuyen las emisiones contaminantes, generan puestos de trabajo y fomentan inversiones en infraestructura productiva. El planteo de los industriales apunta a consolidar un marco de previsibilidad para un sector que consideran clave en la transición energética del país.
El nuevo marco normativo propone un "aumento progresivo en los cortes obligatorios" de bioetanol y biodiésel, la apertura a nuevos usos en el transporte (aéreo, marítimo y fluvial), y la habilitación de un "mercado de libre comercialización por encima de los porcentajes mínimos". Además, prevé reemplazar el actual esquema de cupos y precios manejados por el Estado por un sistema de licitaciones entre privados, con la meta de dar "mayor competitividad y transparencia" al mercado. También incluye la incorporación de motores flex y kits de conversión, que permitirían optimizar el uso de biocombustibles de origen nacional.
El reclamo de las provincias del Norte tuvo una voz fuerte en Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, quien advirtió que la región atraviesa "una situación límite" y pidió medidas concretas: "Tucumán no tiene petróleo, ni litio, ni minerales. Nuestra columna vertebral es el azúcar, y si no la defendemos con decisión, condenamos a nuestra gente a la pobreza". El empresario insistió en "ampliar el corte obligatorio de bioetanol", actualmente en 12%, y pidió "cumplir con la Constitución" para garantizar un desarrollo equilibrado. Con el respaldo de la UIA y las uniones industriales provinciales, el proyecto busca construir un "modelo energético federal, competitivo y sostenible", capaz de aprovechar el potencial agroindustrial de la Argentina y consolidar un futuro más equitativo para todo el país.