El proceso de organización del mapa energético nacional mantendrá su estatus excepcional por los próximos diecisiete meses. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó la prórroga de la emergencia del sector eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2027.
La medida extiende el régimen extraordinario implementado originalmente en diciembre de 2023, cuyo vencimiento operaba el pasado 9 de julio. Con este paso, la Casa Rosada equiparó temporalmente la excepcionalidad de los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad bajo jurisdicción federal con la prórroga que ya regía para el mercado del gas natural.
Desde el punto de vista normativo, el DNU no dispone aumentos automáticos ni cortes del servicio, sino que sostiene las facultades extraordinarias de la Secretaría de Energía para dictar resoluciones sobre precios mayoristas, subsidios, contratos y despacho de infraestructura sin los condicionamientos de los marcos regulatorios tradicionales.
Los fundamentos oficiales: riesgos técnicos y el nexo con Vaca Muerta
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo reconoce que, si bien se estabilizaron variables macroeconómicas, subsisten riesgos técnicos y operativos que amenazan la seguridad del suministro. El argumento central radica en la sintonía fina que requiere la generación térmica, la cual depende de manera directa del abastecimiento de gas natural:
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Logística gasífera: El texto pondera la necesidad de coordinar el mercado eléctrico con la reconfiguración del sistema de transporte de gas vigente desde el 1 de mayo de 2026.
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Fin de contratos de abastecimiento: El decreto menciona específicamente la rescisión del contrato en firme que vinculaba a las estatales ENARSA y CAMMESA sobre el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (ex Néstor Kirchner).
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El costo del despacho: Al verse alterada la logística de inyección desde Vaca Muerta, las centrales térmicas se ven obligadas ante contingencias a quemar combustibles líquidos (gasoil o fueloil), una alternativa sustancialmente más costosa que encarece el precio de producción de la energía.
Saneamiento de CAMMESA y la brecha del subsidio residencial
El DNU traza un balance de la gestión económica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), destacando que la cobrabilidad de CAMMESA (la administradora del mercado) saltó del 48% en diciembre de 2023 a un consolidado del 97% actual, apalancada por la regularización de deudas con las distribuidoras provinciales y las recomposiciones tarifarias. No obstante, el texto advierte que es imperioso blindar la cadena de pagos para no desalentar a los inversores privados.
Asimismo, los datos oficiales desnudan que la transición hacia tarifas que reflejen los costos reales de producción está lejos de concluir. A mayo de 2026, el precio estacional bonificado que abonaban los usuarios residenciales subsidiados cubría apenas el 24% del costo real de referencia. Para achicar esta brecha de manera gradual, Energía continuará utilizando el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados para pasar de un esquema de asistencia generalizada a uno selectivo por ingresos.
Infraestructura en la Patagonia y almacenamiento con baterías
La prórroga se justifica además en los extensos plazos que demandan las grandes obras de alta tensión. Mientras las ampliaciones de la red de transporte sigan al límite, la Secretaría de Energía conservará herramientas de excepción para administrar los nodos críticos del sistema.
Dentro de los proyectos declarados de alta prioridad, el DNU resalta una obra de fuerte impacto para la región: la línea de alta tensión de 500 kilovoltios Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, una traza estratégica para robustecer el corredor de transporte rionegrino e integrar de manera eficiente el potencial eléctrico de la Patagonia con el centro del país.
Finalmente, la emergencia dará cobertura legal al despliegue de los nuevos sistemas de almacenamiento de energía por baterías. En este apartado, la Secretaría de Energía ratificó la continuidad de la convocatoria AlmaSADI, lanzada durante 2026, con el objetivo de incorporar potencia de reserva distribuida que permita mitigar los picos de consumo estacionales y mejorar la resiliencia general de la red interconectada.