Desde mediados de septiembre, miles de estudiantes secundarios franceses bloquean liceos y salen a manifestar, acompañados luego por universitarios y sindicatos docentes. Denuncian falta de profesores, cursos de más de 35 alumnos y edificios deteriorados.
El reclamo estalla en un momento preciso: el gobierno presentó un proyecto de presupuesto para 2027 que busca reducir el déficit y que, en educación, prevé por ahora eliminar 1.588 puestos docentes titulares. Detrás de esa decisión hay una cuenta que pocos vinculan con las escuelas: la factura energética que Francia viene pagando desde que la guerra en Ucrania alteró el abastecimiento europeo.
La guerra en Ucrania convirtió en crisis una suba de precios que ya venía con la reactivación pospandemia. Para contenerla, Francia congeló tarifas de gas y electricidad, redujo impuestos al consumo eléctrico y subsidió combustibles y empresas. La Corte de Cuentas estimó que ese conjunto de medidas le costaría al Estado unos 36.000 millones de euros netos entre 2021 y 2024, y casi el doble en términos brutos.
La cifra equivale a dos tercios del esfuerzo de 54.000 millones que el gobierno pide ahora para bajar el déficit del 5,4 al 5 por ciento del PIB. Esa protección a hogares y empresas se sostuvo en buena medida con endeudamiento, en un país cuya deuda ya ronda el 120 por ciento del PIB. Hoy esa carga forma parte de la presión que empuja a recortar, y el propio proyecto de presupuesto reconoce que se elabora en un escenario de incertidumbre geopolítica y energética.
El costo de la energía en Francia no depende solo de los mercados. También pesan las relaciones que el país logra sostener con sus proveedores. Europa se comprometió a dejar el gas ruso, pero en 2025 Francia siguió siendo el mayor importador europeo de gas natural licuado de ese origen, y la prohibición de los contratos de largo plazo recién rige desde enero de 2027. Sustituir ese suministro obliga a reorganizar el abastecimiento y aumenta la dependencia de otros vendedores, sobre todo de Estados Unidos.
Con Argelia, otro proveedor relevante, el vínculo se deterioró desde que París respaldó el plan marroquí para el Sáhara Occidental, y la crisis escaló con expulsiones recíprocas de diplomáticos. Aun así, cuando el conflicto en Medio Oriente alteró el mercado energético a comienzos de 2026, la diplomacia francesa volvió a buscar a Argel. Cada tensión política se traduce en incertidumbre sobre precios y suministro, y esa incertidumbre termina pesando sobre las cuentas públicas.
La energía nuclear es la gran fortaleza francesa, aunque no alcanza para compensar sus debilidades. Con 57 reactores, el país alcanzó en 2025 un récord de exportaciones netas de electricidad que le dejó unos 5.400 millones de euros. Ese ingreso alivia la factura energética, pero no cambia su escala: el transporte, la calefacción y buena parte de la industria siguen dependiendo del petróleo y el gas importados, y las propias centrales necesitan uranio que Francia ya no extrae en su territorio. Níger fue durante décadas una pieza de ese abastecimiento.
Las autoridades que asumieron el poder en Niamey en 2023 nacionalizaron en 2025 la Somaïr, filial de la francesa Orano, y este año anunciaron que venderán su uranio por cuenta propia. Francia tiene otros proveedores y sus centrales no dependen exclusivamente del mineral nigerino. Pero Orano es una empresa controlada en un 90 por ciento por el Estado, y el litigio por activos de cientos de millones de euros muestra que la pérdida de influencia exterior también tiene un costo para las arcas públicas.
Las presiones energéticas se suman así a las dificultades de un gobierno que eligió el ajuste para contener el déficit. El presupuesto educativo para 2027 crece en 1.240 millones de euros, pero queda por debajo de la inflación prevista, y el ministerio justifica la eliminación de puestos docentes por la caída de la matrícula. Para los estudiantes, ese argumento choca con la experiencia cotidiana de aulas superpobladas y cursos sin profesor. Lo que en las cuentas públicas figura como una reducción de gastos se vive en las escuelas como falta de respuestas. La factura energética ayuda a explicar por qué Francia necesita recortar, pero no decide dónde hacerlo. Ninguna crisis externa determina cuánto debe destinarse a sostener una escuela: esa definición, y la de quiénes cargan con el esfuerzo, sigue siendo una decisión política.