El Gobierno nacional formalizó este martes el inicio de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida se oficializó mediante el Decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial con las rúbricas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión, que había sido adelantada hace dos semanas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, habilita la transferencia del 44% de las acciones de la compañía. Dicha cesión se llevará a cabo a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional.
Esquema de participación accionaria
Bajo el nuevo esquema, el Estado mantendría la mayoría accionaria, reteniendo el 51% del capital a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
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51% en manos del Estado (Secretaría de Energía y CNEA).
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44% a ser licitado a capital privado nacional e internacional.
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5% destinado a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
Actualmente, la participación se distribuía entre el Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Energía Argentina S.A. (1%). Estas deberán ser transferidas a la Secretaría de Energía para viabilizar el proceso de licitación. NA-SA fue creada en 1994 (Decreto 1540/94) para reorganizar las funciones de generación que hasta entonces dependían de la CNEA.
Argumentos del Gobierno Nacional
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo subrayó que la actividad nuclear ya había sido declarada “sujeta a privatización” en la década de los 90, condición que fue ratificada en 2024 por la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases. Esta ley permite la incorporación de capital privado siempre que el Estado conserve el control mayoritario.
El Gobierno argumentó que la medida busca garantizar la continuidad de las operaciones de NA-SA “de manera eficiente y competitiva”. Se sostiene que la incorporación de capitales privados es “el medio más idóneo” para asegurar financiamiento en proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de la central Atucha I y la gestión del almacenamiento en seco de combustibles gastados en Atucha II.
El texto oficial señala que, si bien Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, su funcionamiento aún depende de aportes estatales. En 2023, la empresa recibió transferencias de capital no reintegrables por 700 millones de pesos para sostener inversiones, hecho que, según el decreto, refuerza la necesidad de sumar inversores privados para diversificar riesgos y asegurar la continuidad de los proyectos.
Rol del Ministerio de Economía y otros organismos
El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, queda facultado para dictar las normas operativas y complementarias necesarias para ejecutar el proceso. En esta tarea intervendrán:
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La Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
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La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.