La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) presentó ante la Secretaría General de la Presidencia una nota dirigida al mandatario Javier Milei, en la que manifiesta su rechazo al proyecto de ley de biocombustibles impulsado por el Poder Ejecutivo. La presentación institucional coincidió con el inicio del debate de la iniciativa en el Senado de la Nación.
Desde la entidad advirtieron que el texto dictaminado atenta contra la continuidad de las pequeñas y medianas empresas del sector productivo. En ese sentido, cuestionaron que la medida se presente bajo la premisa de la desregulación económica cuando, según su postura, consolida la concentración del mercado en favor de las grandes firmas agroexportadoras.
En uno de los pasajes centrales del escrito, la cámara argumentó:
«Una ley que fija un corte obligatorio es, por definición, una regulación. El proyecto segmenta, asigna cupos, fija precios de referencia y programa cronogramas. No elimina la regulación: la cambia de manos. Desregula para unos pocos y deja a los demás fuera del mercado.»
Cuestionamientos a las condiciones de competencia y asimetrías del proyecto
La cámara empresarial aclaró que su posición no busca preservar privilegios y que coincide con la necesidad de modernizar el régimen actual e incrementar la mezcla de biodiésel. No obstante, remarcó la imposibilidad de competir bajo el diseño propuesto, dado que el aceite de soja —materia prima que representa el 80% del costo de producción— es controlado por las mismas empresas integradas a las que la norma habilita a intervenir en el mercado interno.
Al respecto, la misiva sostiene:
«Poner a competir en igualdad a quien fabrica el insumo con quien debe comprárselo no es libre mercado: es una cancha inclinada.»
Asimismo, la entidad denunció la existencia de un criterio asimétrico dentro de la propia normativa, al señalar que el texto preserva protecciones específicas para el sector del bioetanol al reservarle cuotas del 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz en función del desarrollo regional. En ese marco, reclamaron "no ser objeto de una discriminación" y solicitaron la aplicación de un esquema equivalente para las pymes del biodiésel.
Por otra parte, el documento alertó sobre la afectación de la seguridad jurídica que representaría la derogación anticipada de la Ley 27.640 —con vigencia prevista hasta 2030—, marco normativo bajo el cual las empresas radicaron sus inversiones en las provincias productoras.
La propuesta de segmentación para el mercado de biodiésel
En lugar de una negativa rotunda, CEPREB acercó al Ejecutivo una propuesta de modificación del esquema de cortes. La alternativa plantea fijar un corte total del 12,5% —instancia intermedia entre el 10% propuesto por el Gobierno y el 15% solicitado por otros actores del sector— estructurado de la siguiente manera:
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5% reservado a pymes regionales: Destinado a plantas ubicadas a más de 80 kilómetros del puerto de Rosario.
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2,5% para pymes no integradas: Asignado a establecimientos del cordón portuario.
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5% de libre mercado: Cupo abierto para la participación de las grandes empresas aceiteras.
Según la organización, este mecanismo de segmentación resulta indispensable para atenuar eventuales abusos de posición dominante por parte de los proveedores de insumos básicos:
«La segmentación no cierra el mercado: evita que quien controla el insumo esencial expulse del negocio a un competidor igualmente eficiente. Es, en definitiva, la única forma de abrir el mercado sin apagar el interior.»
La nota, que lleva la firma del director ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli, concluye con una apelación directa a la Jefatura de Estado:
«No le pedimos que nos regale nada. Le pedimos que no se nos condene a desaparecer con la firma de una ley que, en nombre de la libertad, nos quita la posibilidad de competir.»