El mapa económico y productivo de la Argentina dio un giro de dimensiones inéditas. El Gobierno nacional aprobó formalmente este martes la incorporación del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El emprendimiento binacional, que consolida la mayor inversión privada en la historia del sector en el país, prevé un desembolso inicial de USD 9.700 millones que podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de la próxima década.
El anuncio fue oficializado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X. El desarrollo está a cargo de Vicuña, la sociedad estratégica conformada por el gigante minero australiano BHP y la corporación canadiense Lundin Mining, y tiene como objetivo unificar y explotar los masivos yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en la provincia de San Juan, en el límite fronterizo con Chile.
“Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo. Más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos”.
El blindaje del RIGI: 40 años de estabilidad fiscal
La admisión del megaproyecto al régimen —cuya solicitud formal había sido presentada por las compañías en diciembre de 2025— se concretó bajó la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Esta figura legal le otorga al consorcio un robusto blindaje impositivo, cambiario y aduanero diseñado para viabilizar inversiones de capital intensivo:
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Alivio impositivo: Reducción directa de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 35% al 25% y devolución inmediata del IVA de obra.
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Beneficios aduaneros: Eliminación total del cobro de retenciones y derechos de exportación a partir del segundo año de vigencia.
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Flexibilización cambiaria: Levantamiento progresivo de los controles de capital y libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año.
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Garantía jurídica: Estabilidad fiscal, impositiva y legal garantizada por un período de 40 años.
Desde la conducción de Vicuña, liderada por su CEO Ron Hochstein, reconocieron que la vigencia del marco normativo era una condición de viabilidad innegociable. “El RIGI es crítico, sin esa herramienta no habría proyecto. Los países tienen que crear las condiciones para que las mineras quieran venir a explotar. El oro no tiene valor cuando está enterrado”, habían advertido los ejecutivos a comienzos de año. La luz verde del Palacio de Hacienda deja el escenario preparado para que los directorios de los accionistas emitan la decisión final de inversión antes del cierre de 2026.
Las tres fases del gigante y sus metas de producción
El desarrollo civil y extractivo del complejo minero se estructurará a través de un cronograma dividido en tres etapas consecutivas:
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Fase I (2027-2030): Contempla una inversión de USD 7.100 millones enfocada exclusivamente en el depósito sanjuanino Josemaría, donde se montará una mina a cielo abierto de gran escala y una moderna planta concentradora de mineral.
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Fase II: Integrará la explotación de los recursos de óxidos de Filo del Sol con el fin de ampliar la capacidad nominal de procesamiento del complejo.
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Fase III: Prevé la expansión final de la planta concentradora para tratar los sulfuros de Filo del Sol, lo que requerirá obras de infraestructura estratégica de alta complejidad, incluyendo una planta desalinizadora de agua de mar y un sistema integrado de transporte de concentrado.
Mano de obra sanjuanina: 12.000 puestos para la construcción
El impacto socioeconómico en la región de Cuyo será inmediato y transformador. Durante la fase de construcción civil y montaje de plantas de la primera etapa, el proyecto demandará un pico de 12.000 puestos de trabajo directos. Una vez estabilizada la fase operativa de explotación, el yacimiento sostendrá de forma permanente 5.000 empleos directos y unos 19.000 indirectos a través de la cadena de proveedores locales.
Las constructoras aliadas estiman que el 90% de la mano de obra total será de origen nacional. Actualmente, Vicuña ya emplea en sus tareas de prospección y campamentos a 2.615 trabajadores globales, de los cuales 2.421 operan en territorio argentino (580 directos y 1.841 vía contratistas). El arraigo local es una de las marcas registradas de la firma: el 92,6% de la nómina consolidada es de nacionalidad argentina y, en el segmento de contratación directa, más del 81% de los operarios son nacidos y residentes en la provincia de San Juan.