En el marco de la sesión parlamentaria que aprobó las modificaciones al régimen de Zona Fría, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que extiende por 20 años el régimen de estabilidad fiscal para las energías renovables. La iniciativa busca restablecer y prolongar la vigencia del marco normativo contemplado originalmente en la Ley 27.191, el cual expiró en diciembre del año pasado, con el propósito central de seguir expandiendo de forma obligatoria los porcentajes mínimos de consumo eléctrico proveniente de fuentes limpias en todo el territorio nacional.
El expediente legislativo será girado de inmediato al Senado para su correspondiente debate y eventual sanción definitiva. De obtener el aval de la Cámara Alta, el esquema de incentivos y blindaje tributario permanecerá plenamente válido hasta el año 2045, subsanando el vacío legal remanente y reemplazando el vencimiento técnico de los beneficios que dejó al sector desprotegido a finales de 2025.
El abanico de beneficios impositivos que contempla el proyecto
La normativa bajo análisis es considerada por los equipos técnicos y corporativos como una herramienta de vital importancia estratégica, dado que permite estructurar y sostener flujos de inversión de gran envergadura y a largo plazo en parques de generación de energía eólica y solar.
El texto de la prórroga reintroduce un paquete de estímulos fiscales diseñados para mitigar el riesgo de capital, entre los que se destacan:
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Amortización acelerada: Permite computar de forma anticipada las inversiones edilicias y de equipamiento en el Impuesto a las Ganancias.
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Devolución anticipada del IVA: Agiliza el recupero del crédito fiscal generado durante la etapa constructiva de los proyectos.
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Extensión de quebrantos: Prolonga los plazos legales para absorber los saldos contables negativos contra ganancias futuras.
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Certificados fiscales: Emisión de bonos de crédito electrónico aplicables al pago de un amplio espectro de impuestos nacionales.
De la caída del Presupuesto a la búsqueda de "previsibilidad y confianza"
La discusión por el financiamiento de la transición energética ya había tenido un capítulo fallido el año pasado. El Poder Ejecutivo había intentado incorporar esta misma extensión de beneficios dentro del Capítulo XI del Proyecto de Presupuesto General de la Nación, pero la ley de leyes fue rechazada de plano por el Congreso en diciembre pasado debido a que el texto contenía artículos altamente conflictivos, tales como la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad.
Ante la inminencia del apagón de los beneficios, las cámaras empresariales redoblaron el cabildeo legislativo. Desde la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energía Renovables (CEA) recalcaron que la aprobación de esta prórroga específica e independiente resulta indispensable para devolverle al segmento energético los atributos de «previsibilidad y confianza».
De acuerdo con los directivos de la CEA, la estabilidad fiscal por dos décadas no solo actúa como un instrumento indispensable para atraer flujos de capital tanto nacional como internacional, sino que se posiciona como el único sendero viable para consolidar la infraestructura instalada en la última década y dotar a la Argentina de una matriz energética más diversificada, sustentable y competitiva a nivel regional.