El nuevo esquema regulatorio diseñado por el Ministerio de Economía para desregular el mercado hidrocarburífero local abrió un severo foco de conflicto con el sector productivo en plena ola polar. Según estimaciones de distintas fuentes sectoriales, alrededor de 300 industrias de Santa Fe, Córdoba y las provincias del Noroeste Argentino (NOA) sufren restricciones críticas o cortes totales en su suministro de gas natural.
La situación es especialmente alarmante en la provincia de Santa Fe, donde se registran 70 plantas fabriles con interrupción absoluta del servicio, un cuadro que afecta incluso a firmas que aducen tener contratos de abastecimiento en modalidad "firme" (no interrumpible). Ante este panorama, la Unión Industrial Argentina (UIA) redobló la presión sobre la Casa Rosada exigiendo la convocatoria urgente del Comité de Emergencia —instancia coordinada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege, continuador del Enargas)— para administrar las prioridades de despacho en momentos críticos.
Guerra de precios: la negativa industrial a convalidar el gas a USD 20
A diferencia de la crisis invernal de 2025, el cuello de botella actual no responde a una escasez física de la molécula. De hecho, el sistema cuenta con mayor volumen de gas inyectado gracias a la expansión de Vaca Muerta. El conflicto es de índole estrictamente regulatoria y comercial:
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Fin de la era Enarsa: Este invierno, la empresa estatal Enarsa dejó de operar como el "proveedor de última instancia" que salía al rescate del sistema. Bajo las nuevas reglas de juego, los Grandes Usuarios Industriales deben negociar y comprar su insumo de forma directa a los comercializadores privados.
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El impacto geopolítico: Debido a la escalada bélica en Oriente Medio, los precios internacionales del Gas Natural Licuado (GNL) que ingresa por los barcos regasificadores se dispararon.
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La brecha de costos: Los comercializadores ofrecen el fluido importado a un valor de USD 20 por millón de BTU (US$/MMBTU). Las industrias locales, que durante el último año pagaron tarifas de entre USD 3 y USD 4 por millón de BTU, se resisten a convalidar un salto tarifario de semejante magnitud argumentando que destruiría su competitividad.
Desde las empresas distribuidoras de gas salieron al cruce del planteo fabril y fueron tajantes: «aquella industria que decidió comprar su GNL lo está consumiendo». De este modo, las prestatarias aseguran que no hay un problema de desabastecimiento técnico, sino un intento de las corporaciones de forzar la intervención del Comité de Emergencia para que el Estado absorba el costo del gas caro mediante un auxilio financiero.
La postura oficial: "Transparentar para racionalizar"
El Poder Ejecutivo ratificó que no dará marcha atrás con la desregulación ni cederá ante los reclamos de las cámaras fabriles. El secretario de Coordinación de Energía, Daniel González, defendió el rumbo elegido: "La demanda prioritaria de todo el país (hogares, escuelas y hospitales) está perfectamente satisfecha. Hoy hay producción y transporte suficientes para satisfacerla".
Con respecto al apagón industrial, el funcionario alineado con el Palacio de Hacienda fue categórico al señalar en declaraciones radiales que "hay industrias que no tienen cortes porque eligieron comprar el GNL. Nosotros queremos transparentar el costo de la energía para que cada actor económico pueda tomar decisiones racionales de consumo”.
El diagnóstico fabril: “Para pasar del esquema de Enarsa al otro extremo se necesita tiempo, porque si no es un descontrol y cada uno se arregla como puede”, protestó un importante industrial ante este medio. Desde el sector remarcan una profunda asimetría geográfica: mientras las grandes fábricas de la Patagonia y el sur bonaerense operan con normalidad por su cercanía a las cuencas productoras, el entramado pyme y pesado del centro y norte del país quedó contra las cuerdas: "Si no comprás gas caro, te cortan".
El plan de financiamiento que rebotó en el despacho de Caputo
Ante la inminencia del invierno, la conducción de la UIA le había presentado al Gobierno una propuesta formal hace un mes, anticipando el descalce financiero que provocaría el conflicto de Medio Oriente en las cadenas de valor locales.
La propuesta de la entidad fabril consistía en un esquema de cofinanciamiento estacional: el Estado nacional debía financiar el 50% del costo del GNL importado durante los meses de invierno por un plazo de siete u ocho meses, mientras que las industrias asumirían la mitad restante. Desde la UIA aclararon que el proyecto no implicaba un subsidio a fondo perdido, sino un mecanismo de crédito o diferimiento orientado a amortiguar el impacto en el flujo de caja de las empresas.
A pesar de que el plan fue debatido de forma directa en las oficinas del ministro de Economía, Luis Caputo, junto al propio Daniel González y la secretaria de Energía, María Tettamanti, la iniciativa fue rechazada de plano por la conducción económica, ratificando la premisa oficial de mantener el superávit fiscal y no interferir en los contratos privados, aun a costa de la parálisis de líneas de producción clave en el interior del país.