El 28 de febrero de este año, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán. Esa decisión abrió una de las crisis energéticas más severas en décadas. Irán respondió con ataques a buques, minado de rutas de navegación y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, mientras Washington bloqueaba puertos iraníes en represalia. A cien días de aquel estallido, el conflicto sigue sin resolverse del todo.
A mediados de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades, pero la tregua resultó frágil: Irán volvió a cerrar el paso el 20 de junio, acusando incumplimientos en el frente libanés, y apenas la semana pasada atacó con drones un buque de carga, lo que derivó en represalias estadounidenses sobre depósitos militares iraníes.
Por ese paso marítimo de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto circula, en condiciones normales, cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercia en el planeta. Según el Banco Mundial, el estrecho concentra alrededor del 35% del comercio marítimo mundial de crudo, y es también una vía central para el GNL, el azufre y el amoníaco, insumos clave para la industria de fertilizantes. La Agencia Internacional de Energía calificó lo ocurrido como la mayor disrupción de suministro registrada en la historia del mercado petrolero global. Es una afirmación que sitúa esta crisis en el mismo plano que los shocks petroleros de 1973, cuando el embargo árabe disparó los precios y obligó a gran parte del mundo a repensar su seguridad energética.
La crisis, sin embargo, no golpeó a todos los países por igual. Asia resultó la región más expuesta: cerca del 80% del petróleo y los derivados que circulaban por Ormuz tenían como destino ese continente, y economías como Pakistán, Bangladesh e India sufrieron de lleno la escasez de gas licuado, con el índice de referencia asiático llegando a duplicarse en pleno conflicto. Europa, todavía convaleciente de haber roto su dependencia del gas ruso, volvió a quedar expuesta: sus reservas de almacenamiento llegaron a ubicarse muy por debajo del nivel necesario para enfrentar con tranquilidad el invierno boreal. Rusia, en cambio, recuperó protagonismo como proveedor alternativo. Y del otro lado del Atlántico, Brasil, Guyana y Estados Unidos capturaron una porción creciente de la demanda que el Golfo Pérsico ya no podía garantizar, al punto de que Sudamérica se convirtió en la mayor fuente de nuevas exportaciones petroleras del año.
En Argentina, el impacto se sintió primero en el surtidor. El Brent llegó a cotizar más de un 50% por encima de los valores de comienzos de año hacia mediados de abril, y ese salto presionó directamente sobre el precio de los combustibles locales, atados al esquema de paridad de exportación. El Gobierno amortiguó parte del golpe con dos herramientas: permitió a las refinadoras incorporar hasta un 15% de bioetanol en las mezclas de nafta, y YPF aplicó ajustes graduales en los surtidores. Ese mecanismo de "buffer" evitó trasladar de inmediato toda la suba internacional a los precios internos, aunque también demoró el traslado de las bajas posteriores.
El petróleo también tuvo su capítulo en esta historia, aunque no exclusivamente por Ormuz. En mayo, Argentina batió su récord histórico de exportaciones con USD 9.537 millones, y por primera vez el crudo se convirtió en el principal producto exportado por el país, superando al maíz y a la soja. El precio internacional más alto, producto del conflicto, explica parte de ese salto. Pero el factor decisivo fue otro: el volumen. La producción no convencional de Vaca Muerta crece a un ritmo del 40% interanual, y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, también adherido al RIGI, habilitará desde fines de este año una nueva terminal de exportación en Río Negro con capacidad para 550.000 barriles diarios.
Argentina viene construyendo, desde hace más de una década, una base productiva que hoy empieza a pesar más allá de sus fronteras. Vaca Muerta ganó relevancia en el tablero energético internacional, aunque eso todavía no resuelve por completo sus desafíos domésticos. El país que bate récords de producción sigue dependiendo, en pleno invierno, de gas que llega por barco desde el otro lado del mundo, a un precio que se duplicó respecto del año pasado. La razón no es la falta de recurso, sino la falta de capacidad para moverlo: el sistema de transporte no logra trasladar, en los días de mayor frío, todo el gas que el sur produce hacia los centros de consumo.
Esa limitación estructural tiene una respuesta en marcha. La ampliación del gasoducto Perito Moreno, ex presidente Néstor Kirchner, que ya tenía licitación y adjudicación propias cuando se sumó al RIGI, permitirá, hacia el invierno de 2027, aumentar un 60% la capacidad de transporte hacia esos centros de consumo. Eso reduciría la dependencia del GNL importado.
YPF y el consorcio Southern Energy avanzan, mientras tanto, en otro frente: plantas de licuefacción para exportar gas de Vaca Muerta a Europa y Asia. Esa búsqueda de proveedores más estables, que la crisis de Ormuz aceleró, es el terreno donde estos proyectos podrían competir.
Una apuesta mira hacia adentro. La otra, hacia afuera. El escenario internacional pone en valor los recursos argentinos, pero que el mundo necesite ese gas no resuelve lo que el país haga con esa necesidad. Eso depende de construir, alrededor de esos proyectos, desarrollo industrial nacional: proveedores locales, mano de obra calificada, tecnología propia. Tener el recurso es solo la primera condición. La segunda, todavía pendiente, es transformarlo en una cadena de valor que no se mida solo en rentabilidad empresaria. De ella depende también la seguridad energética del país.