La derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que dejó ambas cámaras del Congreso en manos demócratas, representa un cambio importante para la segunda mitad del mandato de Donald Trump. El resultado estuvo atravesado por el malestar económico, la inflación y las consecuencias de la guerra con Irán entre otras cuestiones. La energía ocupa un lugar central en este escenario, no solamente por su importancia para la economía estadounidense, sino también por el papel que Washington le asigna como instrumento de influencia internacional. La pregunta es hasta qué punto Trump podrá sostener su estrategia energética con un Congreso opositor y una sociedad preocupada por el costo de vida.
El “Drill, baby, drill”, una de las principales consignas de Trump, sintetiza su apuesta por incrementar la producción de petróleo y gas, reducir regulaciones y fortalecer la competitividad industrial estadounidense. Esta orientación se apoya en una realidad concreta: Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo y gas natural, con la cuenca del Pérmico (Permian Basin), ubicada entre Texas y Nuevo México, como uno de sus grandes motores productivos. Esta región concentra cerca de la mitad de la extracción de crudo estadounidense y constituye uno de los principales centros de producción de hidrocarburos no convencionales del mundo. Sin embargo, producir más no significa necesariamente controlar los precios. El petróleo se comercializa en un mercado internacional donde los conflictos militares, las sanciones y las decisiones de los grandes productores influyen sobre las cotizaciones. La abundancia de recursos propios otorga poder geopolítico, pero no garantiza inmunidad frente a las crisis energéticas internacionales.
La política hacia Venezuela constituye otra pieza de esta estrategia. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Washington avanzó sobre la comercialización del petróleo venezolano y facilitó una mayor participación de empresas norteamericanas en el sector. El interés no es menor: Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce un crudo pesado especialmente relevante para determinadas refinerías estadounidenses. En octubre, sus exportaciones alcanzaron aproximadamente 1,08 millones de barriles diarios, de los cuales unos 449.000 tuvieron como destino Estados Unidos. Aunque la recuperación productiva enfrenta limitaciones de infraestructura e inversión, el acceso a estos recursos amplía la influencia de Washington sobre el mercado petrolero regional.
La guerra con Irán expone, en cambio, los riesgos de utilizar el poder militar en una región decisiva para el abastecimiento mundial de hidrocarburos. Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, por donde históricamente circuló cerca de una quinta parte del consumo mundial de petróleo, han contribuido a elevar las cotizaciones internacionales. El Brent superó los 100 dólares por barril en vísperas de las elecciones. Esto tiene consecuencias políticas directas en Estados Unidos, donde el precio de la gasolina posee una sensibilidad particular. En una sociedad profundamente dependiente del automóvil, los aumentos en los surtidores afectan diariamente a millones de familias. Allí aparece una contradicción de la estrategia de Trump: mientras busca ampliar su influencia sobre los recursos petroleros mundiales, las consecuencias de su política exterior pueden terminar encareciendo el combustible de sus propios ciudadanos.
El gas natural licuado ofrece otra perspectiva del poder energético estadounidense. Después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Europa aceleró la reducción de su dependencia del gas ruso y encontró en Estados Unidos uno de sus principales proveedores alternativos. Washington consolidó así su posición como exportador de GNL y reforzó su influencia sobre la seguridad energética europea. En 2024, Europa, incluida Turquía, concentró el 53% de las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado. Esta transformación muestra cómo una crisis geopolítica puede modificar las relaciones comerciales y generar nuevas dependencias energéticas. El gas estadounidense pasó a ocupar un lugar estratégico en Europa, al mismo tiempo que fortaleció la capacidad de Washington para proyectar su influencia económica y política sobre sus aliados.
La nueva composición del Congreso introduce incertidumbre sobre el futuro de esta política. Los demócratas podrán ejercer un mayor control presupuestario, impulsar investigaciones y condicionar nuevas iniciativas energéticas, aunque Trump conservará amplias atribuciones ejecutivas en materia de regulación, comercio y política exterior. La disputa no se limitará a los hidrocarburos: también estarán en juego las inversiones en renovables, energía nuclear e infraestructura eléctrica, fundamentales para sostener la expansión tecnológica estadounidense. La paradoja es que Estados Unidos dispone de una posición energética privilegiada, pero esa fortaleza no lo protege de las consecuencias económicas de sus propias decisiones internacionales. Las elecciones dejan así una cuestión abierta: cómo sostener el liderazgo energético mundial sin que los costos de ejercer ese poder terminen debilitando su respaldo político interno.