A través del Decreto 829/2026, publicado este lunes, el Gobierno nacional volvió a diferir la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), extendiendo hasta el 30 de septiembre los montos fijos que vigieron durante agosto. De este modo, el traslado a surtidor de los incrementos pendientes fue formalmente reprogramado para octubre, con el objetivo de contener la presión impositiva sobre las naftas y el gasoil y sostener la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La medida se adopta en la previa a la difusión del IPC de agosto —cuyo dato oficial se conocerá el 10 de septiembre—, buscando acompañar las proyecciones de las consultoras privadas que estiman una inflación inferior al 2%, tras el 2,1% registrado en julio.
Brecha impositiva, postergaciones acumuladas e impacto en la recaudación
El mecanismo estipulado por ley determina que los montos fijos del ICL y del IDC deben ajustarse de forma trimestral según la evolución del IPC. La decisión oficial de fragmentar y aplazar los incrementos ha generado un desfasaje significativo entre el monto normativo y el efectivamente cobrado en los surtidores.
Respecto de la brecha de precios por litro, el historial de decretos y el costo fiscal estimado por la consultora Economía & Energía, se destacan los siguientes ejes centrales:
En relación con el desfasaje en las naftas, durante agosto se aplicaron $ 411 por litro en concepto de ICL y CO₂, frente a los $ 634 que corresponderían por la actualización plena prevista por ley. La diferencia no trasladada al consumidor alcanza los $ 223 por litro.
En cuanto a la brecha en el gasoil, la carga tributaria efectiva aplicada en agosto fue de $ 328 por litro, en comparación con los $ 410 fijados por la normativa. La brecha registrada en este combustible es de $ 82 por litro.
Sobre el esquema de postergaciones acumuladas, la resolución traslada para octubre los remanentes pendientes de los períodos 2024, 2025 y los primeros dos trimestres de 2026. Esta medida sucede a lo dispuesto por el Decreto 693 del 31 de julio, que había aplicado un ajuste parcial para agosto postergando el resto para septiembre, fecha que ahora vuelve a desplazarse.
En relación con el costo fiscal del diferimiento, la aplicación parcial de impuestos en las ventas de agosto implicó que el Estado dejara de percibir US$ 146 millones. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la pérdida de ingresos fiscales por esta política alcanza los US$ 1.229 millones.
Tensión entre la meta inflacionaria y el equilibrio fiscal
La decisión del Ministerio de Economía prioriza el ancla inflacionaria en el corto plazo a costa de resignar ingresos impositivos de recaudación directa.
Aunque el Decreto 829/2026 fija octubre como el nuevo horizonte para la aplicación de los tributos adeudados, desde el Palacio de Hacienda evitaron confirmar si el atraso acumulado se trasladará de forma integral al precio final de los combustibles en el próximo trimestre.