Una propuesta de ley que fue presentada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires pretende exigir a los minoristas de carburantes y a las petroleras que notifiquen a la administración provincial con 72 horas de antelación cualquier ajuste en los precios. Al mismo tiempo, el texto impone la obligación a las estaciones de servicio de hacer públicos dichos aumentos en los carteles de exhibición 48 horas antes de que se apliquen.
El articulado del proyecto contempla, además, severas penalizaciones para las empresas petroleras y las expendedoras que incumplan estas disposiciones, las cuales incluyen sanciones económicas, inhabilitaciones temporales y cierres definitivos, entre otras. En el caso específico de las multas, estas equivalen a un valor que oscila entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper para los proveedores de combustibles, y de 100 a 500 litros para las estaciones de servicio.
La propuesta, impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti (perteneciente al bloque Unión por la Patria), ha sido derivada a la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara. No obstante, ha suscitado una firme oposición por parte de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entidades que expresaron su inquietud mediante misivas enviadas al Poder Legislativo provincial.
Peligros operacionales y de suministro
Según FECRA, que nuclea a cerca de 500 pequeñas y medianas empresas operadoras de estaciones de servicio en la provincia, el proyecto omite considerar aspectos esenciales de la operación cotidiana. En su escrito, la federación advirtió sobre el “riesgo de desabastecimiento, ya que, ante una variación anunciada con antelación, provocaría que los operadores y consumidores adelanten compras, llenando los tanques, generando picos de demanda que llevan inexorablemente al desabastecimiento”. La entidad aclaró que sus empresas “no son formadoras de precios” y trajo a colación las situaciones de falta de combustible experimentadas en el año 2023.
FECRA también enfatizó el obstáculo de anunciar tarifas venideras, dado que la reglamentación en vigor demanda que los expendedores exhiban los costos vigentes. Informar precios a implementar en un periodo determinado, sostiene la entidad, “provocaría confusión y desconcierto entre clientes, empleados y dificultaría la tarea de operación en nuestras empresas”.
Adicionalmente, la federación subrayó que algunas empresas petroleras utilizan modelos de tarificación dinámica a lo largo de la jornada para optimizar la demanda. Esta práctica, en caso de que se apruebe la ley, se volvería impracticable debido a la exigencia de notificación con 72 horas de antelación y la difusión de los cambios en medios digitales oficiales. FECRA concluyó: “Estas son algunas de las consideraciones por las cuales este proyecto generaría más complicaciones que beneficios al consumidor, afectando una actividad fundamental en la estructura productiva de la provincia”.
Doble regulación y perjuicio a la competitividad
Por su lado, la UIPBA, que representa al entramado industrial bonaerense, enfocó sus objeciones al proyecto de la diputada Rasquetti en la redundancia legislativa y los posibles riesgos para la competencia. De acuerdo con la organización, el proyecto de ley “genera una duplicación innecesaria respecto de normas nacionales ya vigentes que garantizan la protección de los consumidores, el acceso a la información y la promoción de la competencia”. En su misiva, la UIPBA citó el artículo 42 de la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia y resoluciones de la Secretaría de Energía como marcos regulatorios federales que ya contemplan los principios que la iniciativa provincial busca reglamentar.
La entidad advirtió que “la exigencia de publicar precios de manera anticipada y uniforme podría generar efectos contraproducentes, como incentivar comportamientos similares entre competidores —reduciendo la competencia efectiva en el mercado— y afectar negativamente a los consumidores bonaerenses, provocando aumentos repentinos de demanda y posibles quiebres de stock en las estaciones de servicio”.
La UIPBA también destacó que los usuarios disponen ya de herramientas adecuadas para conocer los precios reales, como la cartelería visible en las estaciones, lo que, a su juicio, asegura la claridad y la sana competencia sin requerir una nueva reglamentación a nivel provincial.
Demanda de participación en el diálogo legislativo
Tanto FECRA como UIPBA pidieron formalmente a la Comisión de Servicios Públicos poder integrarse en los debates previos a la emisión de cualquier dictamen sobre el proyecto. El objetivo es aportar la perspectiva de los sectores productivos y prevenir la sanción de una reglamentación que, de acuerdo a sus posturas, podría ocasionar mayores dificultades que beneficios. Ambas entidades insistieron en la importancia de que sus voces sean escuchadas antes de avanzar en la promulgación de la ley.
Desde la UIPBA destacaron, además, la importancia de que el entramado industrial bonaerense tenga la oportunidad de contribuir al debate legislativo, con el propósito de impulsar un entorno normativo que estimule la inversión y el progreso sostenible en la provincia.