Este miércoles se desarrollará una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en la que la Argentina, el fondo Burford Capital y la petrolera de bandera nacional YPF, expondrán sus argumentos en torno al fallo condenatorio por US$ 16.000 millones dictado por la jueza Loretta Preska.
El Gobierno nacional buscará que la Cámara revise y revoque la sentencia que considera que la Argentina actuó de forma indebida al estatizar la compañía en 2012. De ser ratificado el fallo, el país quedaría obligado a abonar una indemnización multimillonaria a los fondos litigantes, encabezados por Burford.
Burford Capital, la firma demandante, buscará no solo ratificar el fallo condenatorio contra la República Argentina, sino también conseguir una modificación esencial en la sentencia de la jueza Preska. Según reportes de la agencia Noticias Argentinas, Burford aspira a revertir la decisión que exoneró a YPF de toda responsabilidad en el proceso de nacionalización.
Por otro lado, la petrolera YPF se presentará ante la corte para respaldar su exención de culpa y confirmar su condición de parte no responsable en el litigio.
Aunque la resolución no será inmediata, se prevé que la Cámara de Apelaciones emita su veredicto durante el primer semestre del próximo año. A partir de esa determinación, se abrirán varios caminos:
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Confirmación de la Condena: Si el tribunal ratifica el fallo, Argentina solo podrá recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
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Modificación del Fallo: Si la cámara decide alterar la sentencia, existe la posibilidad de que el monto de la indemnización se reduzca.
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Anulación de la Sentencia (Menos probable): En el escenario de menor probabilidad, la Cámara de Apelaciones podría dejar sin efecto la condena dictada por la jueza Preska.
Es crucial notar que esta instancia judicial se limita a definir la validez del fallo y la cuantía de la compensación, sin abordar el mecanismo o forma de pago.
El pago y los embargos
La jueza Preska había sugerido previamente que la transferencia de acciones de YPF podría ser un método para liquidar la sentencia. No obstante, esa disposición también fue apelada y se está tratando en un proceso judicial paralelo.
De acuerdo con el medio citado, los acreedores han manifestado su nulo interés en convertirse en accionistas de la petrolera, lo que sugiere que la negociación de un acuerdo financiero sigue siendo la solución más esperada.
En años recientes, el litigio ha generado preocupación por el riesgo de embargos sobre activos argentinos en el extranjero. Los beneficiarios del fallo continúan buscando identificar bienes soberanos ejecutables para garantizar el cobro. En etapas anteriores, la jueza Preska llegó a ordenar la divulgación de información sensible, como correos electrónicos y registros telefónicos de funcionarios, para analizar posibles vínculos con empresas públicas y determinar el alcance de futuras ejecuciones.
Apoyo Internacional a la Posición Argentina
A principios de este mes, la apelación del Gobierno argentino recibió un notable respaldo internacional. Diversos países y organizaciones presentaron escritos (amicus curiae) ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, manifestando su apoyo contra la orden de entregar el 51% de las acciones de la petrolera.
Entre los respaldos más destacados se encuentra el de Estados Unidos, que presentó un amicus por tercera vez en un año a favor de Argentina. Su argumento clave es que embargar activos soberanos en el exterior sería incompatible con el derecho internacional y la legislación estadounidense.
Por primera vez en un caso de esta naturaleza, Israel también intervino, advirtiendo que una orden de turnover (transferencia de activos) violaría los principios de inmunidad estatal y podría establecer un "precedente impredecible".
La lista de apoyos se completó con las intervenciones de Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania, además de importantes entidades financieras y cámaras empresariales como AmCham, la American Bankers Association y el Bank Policy Institute.