El sector de las Estaciones de Servicio atraviesa un escenario de extrema fragilidad financiera mientras aguarda una definición judicial clave contra las emisoras de tarjetas de crédito. El reclamo, impulsado por entidades empresarias nacionales, apunta a presuntas prácticas abusivas relacionadas con los plazos de acreditación y las comisiones, factores que —combinados con la inflación del sector— están erosionando el capital de trabajo de los operadores.
El planteo judicial sostiene que las administradoras de tarjetas ejercen una posición dominante que obliga a los estacioneros a operar con márgenes mínimos. En un contexto donde los combustibles han registrado subas constantes, la demora de varios días hábiles para cobrar una venta ya realizada impide a los empresarios reponer el stock al mismo valor, generando una pérdida automática de volumen.
El deterioro del capital de trabajo y el ciclo de recompra
La situación es particularmente crítica para las estaciones que operan bajo la modalidad de compraventa. Miguel De Paoli, referente del sector en Chaco, advirtió sobre el "escozor" que genera el volumen de dinero inmovilizado en las liquidaciones de tarjetas. Según explicó, la brecha temporal entre la venta y la acreditación se vuelve un "deterioro" real cuando ocurren aumentos de precios en el medio.
“En los últimos incrementos, que estuvieron entre el 12 y el 15 por ciento, esa demora nos afectó de lleno. Toda esa variación de precios nos provocó un deterioro en los litros que podíamos recomprar con ese dinero”, detalló De Paoli. El dirigente remarcó que, al cobrar pesos "viejos" para reponer combustible a valores actualizados, la capacidad de abastecimiento de la estación se reduce de forma inmediata.
Compromisos con el Estado: El riesgo de los precios fijos
A la presión financiera de las tarjetas se suma un factor de riesgo adicional: los contratos de suministro con el sector público. Muchas estaciones en el interior del país son proveedoras de estados provinciales o municipales, bajo acuerdos que suelen estipular condiciones de cumplimiento estrictas.
“Algunas Estaciones de Servicio tenemos la condición de proveer al Estado provincial o municipal en nuestras localidades, con las cuales hemos asumido compromisos de abastecimiento a un precio fijo, porque así se establecen estos contratos de suministro”, subrayó De Paoli. Esta rigidez contractual, en un mercado de precios volátiles y con el cobro diferido de las tarjetas, deja a los operadores atrapados entre costos crecientes y una facturación que no puede ajustarse al ritmo de la inflación.
Contexto: Inflación y costos logísticos
Como se observó en el último informe del INDEC de marzo de 2026, el rubro Transporte (que incluye combustibles) subió un 4,1%, impulsado por el shock del petróleo internacional. Esta inercia alcista, que ya suma diez meses de aceleración, pone a prueba la solvencia de las estaciones de servicio, que deben gestionar no solo el aumento del producto, sino también los costos logísticos que —como vimos en el caso de TSB y Scania en Vaca Muerta— demandan inversiones constantes en infraestructura y mantenimiento.
La falta de una resolución sobre los plazos de acreditación de las tarjetas (que hoy promedian los 10 días para crédito en algunos casos) se percibe en el sector como un subsidio forzado que los estacioneros otorgan al sistema financiero. Sin una intervención judicial o regulatoria que acorte estos plazos, el riesgo de quiebre de stock o de cierre de estaciones de bandera blanca y pequeñas operadoras de cercanía continúa en aumento.