El mercado europeo de biodiésel de soja, el único al que exporta la Argentina, vuelve a entrar en alerta máxima por regulaciones con argumentos ambientales que ponen restricciones al comercio. En un documento publicado por la Comisión Europea, se modifican los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo). El estudio concluye que la soja ingresa por primera vez a esta categoría de alto riesgo, lo que significa que la Unión Europea (UE) no importará más biodiésel o aceite de soja para este fin.
De prosperar este proyecto y ser adoptado este año, el único aceite autorizado para biodiésel en territorio europeo será el de colza, producido mayoritariamente dentro de la propia UE. Esto dejaría fuera de mercado a gigantes como Argentina, Brasil y los Estados Unidos, representando para nuestro país un daño comercial de 350 millones de dólares anuales y el virtual cierre de una industria que no posee otros destinos de exportación.
Una "barrera injustificada" y el trasfondo político
Para los líderes del sector aceitero, la ciencia es el último de los factores en esta ecuación. “La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado”, afirmó con dureza el presidente de la Cámara Argentina de Aceites de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras.
Idígoras sostiene que la Argentina tiene pruebas técnicas contundentes para rebatir la medida: la superficie sembrada de soja en el país no solo no crece, sino que viene bajando desde hace más de una década. No obstante, advierte que “esto no es un debate científico sino político, porque la Unión Europea (UE) quiere compensar a los países que se quejan del acuerdo con el Mercosur y entonces cierran el mercado para productos competitivos de la Argentina”.
Estrategia de defensa: De la Cancillería a la OMC
Ante la inminencia de la sanción de este reglamento, el sector privado y el sector público han comenzado a coordinar una respuesta. El objetivo es montar una “estrategia de defensa agresiva” que incluya la presentación de datos satelitales y técnicos que demuestren la sostenibilidad de la producción local.
Sin embargo, si la vía del diálogo técnico falla, la Argentina está dispuesta a elevar el tono de la disputa. Según fuentes del sector, el conflicto podría escalar hasta “un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la UE y una denuncia en el acuerdo birregional que fue firmado en diciembre pasado”. La supervivencia de las plantas procesadoras de Rosario y el Gran Rosario depende, hoy más que nunca, de la muñeca diplomática de la Cancillería.