Noruega eliminó a Brasil en los octavos de final del Mundial. Dos goles de Haaland bastaron para dejar afuera a la Verdeamarela, que no levanta una Copa del Mundo desde 2002. Pero hay otra historia detrás de Noruega que vale más que cualquier resultado deportivo: la de un país que descubrió petróleo en 1969 y tomó una decisión que cambió su destino para siempre.
En 1969, Noruega descubrió petróleo en el Mar del Norte. Era un país cuya economía dependía principalmente de la pesca y la actividad marítima. Durante los años siguientes, la renta petrolera permitió expandir la infraestructura, fortalecer los servicios públicos y desarrollar una industria energética de primer nivel. Pero hacia mediados de los años ochenta llegó la primera señal de alerta: el desplome del precio internacional del crudo, que pasó de más de USD 27 a alrededor de USD 10 el barril en 1986, convirtió el superávit noruego en déficit de un año para el otro y obligó a devaluar la krone, su moneda. La crisis bancaria que le siguió, entre 1988 y 1992, fue la más severa que vivió Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esa experiencia terminó de convencer a la clase política noruega de que era necesario un mecanismo más robusto para transformar una renta finita y volátil en riqueza permanente para el Estado y sus ciudadanos.
En 1990, el Parlamento noruego aprobó por consenso amplio la creación de lo que hoy se conoce como el Government Pension Fund Global: un fondo soberano que recibe todos los ingresos del Estado provenientes del petróleo y el gas, los invierte en mercados internacionales, y solo permite gastar el equivalente al 3% anual de rentabilidad. Nunca el capital. Treinta y cinco años después, ese fondo supera los USD 2 billones en activos, posee participaciones en miles de empresas de decenas de países, y financia el 20% del presupuesto nacional noruego. En 2025 generó más de USD 200.000 millones en ganancias. Medido en términos per cápita, el fondo representa un patrimonio superior a USD 300.000 por habitante.
Lo que siguió desafía uno de los argumentos más repetidos en el debate sobre recursos naturales: que cobrarle más al inversor espanta el capital. Noruega diseñó un sistema impositivo que funciona así: las empresas petroleras pagan primero el impuesto corporativo ordinario del 22% sobre todas sus ganancias, igual que cualquier otra empresa noruega. Pero sobre las ganancias específicas que provienen de la extracción de petróleo en la plataforma continental, pagan un impuesto especial adicional del 56%. La suma da el 78% sobre esa porción de ganancia extraordinaria. Ese esquema fue adaptándose con el tiempo, pero mantuvo el mismo principio: capturar una parte importante de la renta extraordinaria sin afectar la previsibilidad para el inversor.
La lógica es clara: el petróleo del fondo marino le pertenece a todos los noruegos, y cuando una empresa lo extrae obtiene una rentabilidad que va mucho más allá de cualquier negocio ordinario. Esa ganancia extra es lo que el Estado grava con más fuerza.
Las principales petroleras del mundo operan en la plataforma noruega hasta hoy. Porque el modelo no es hostil a la inversión: es exigente con la renta extraordinaria, pero generoso en certeza jurídica, deducción de inversiones y estabilidad regulatoria. Las empresas saben exactamente qué van a pagar, cuándo y por qué. Atraer inversiones y capturar renta para el Estado no son objetivos contradictorios. Noruega lleva treinta años demostrándolo.
El éxito noruego tampoco puede explicarse por una sola herramienta. Fue el resultado de una combinación de factores: una empresa estatal con capacidad técnica y comercial, un régimen tributario estable y previsible, una administración prudente de la renta a través del fondo soberano y una institucionalidad capaz de sostener esas reglas durante décadas. Ninguno de esos elementos, por sí solo, habría producido el mismo resultado.
Aunque se trata de contextos históricos, económicos y geológicos distintos, ambos países enfrentan el mismo desafío estratégico: transformar un recurso natural extraordinario en desarrollo de largo plazo. Argentina está hoy ante una pregunta similar a la que enfrentó Noruega en 1969. Vaca Muerta es una de las reservas de gas no convencional más grandes del mundo. Los proyectos en minería de litio y cobre suman decenas de miles de millones de dólares en cartera. El boom de la cuenca neuquina que se proyecta para la próxima década es real. La discusión ya no debería limitarse únicamente a cómo atraer inversiones, sino también a qué le quedará al país si estas inversiones se concretan.
El RIGI, el régimen de incentivos vigente, fija el impuesto a las ganancias en el 25% para los proyectos adheridos, la mitad de lo que paga cualquier empresa en el régimen general. Las retenciones a las exportaciones se reducen a cero a partir del tercer año. No hay ningún mecanismo de ahorro sobre la renta que generan esos proyectos. Ningún fondo soberano. Ninguna regla fiscal que garantice que una parte de esa riqueza quede para las generaciones que vienen.
Esto no es un argumento contra la inversión. Es una pregunta sobre planificación. Noruega atrajo a las principales petroleras del mundo con el 78% de impuesto especial porque les ofreció algo que vale más que una alícuota baja: certeza, reglas claras y estabilidad de largo plazo. Argentina puede hacer lo mismo. Pero para eso necesita decidir, con la misma claridad con que lo hizo el Parlamento noruego en 1990, qué parte de la renta de sus recursos va a construir futuro y qué parte va a pagar el presente.
Noruega ganó en la cancha. Pero la victoria más importante la logró hace treinta y cinco años, en un parlamento, con un debate técnico y político que duró años y terminó en consenso. Decidieron que el petróleo no era solo una fuente de ingresos para el presente, sino una oportunidad única para construir riqueza permanente. Y tuvieron la disciplina institucional para sostener esa decisión gobierno tras gobierno, sin importar el signo político de turno.
Argentina tiene hoy una oportunidad comparable. Los recursos existen. La demanda global también. Tan importante como atraer inversiones será definir qué hacer con la renta que esas inversiones generen. Esa es la pregunta que Noruega respondió bien en 1990. Y la que Argentina todavía tiene pendiente.