La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) promovieron una acción preventiva de daño ambiental e incidencia colectiva ante el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego) para suspender de forma inmediata las obras y actividades del proyecto hidrocarburífero offshore Sea Lion (León Marino). La demanda apunta contra la compañía británica Rockhopper Exploration y la firma de capitales israelíes Navitas Petroleum, solicitando una medida cautelar inaudita parte que paralice los trabajos de exploración, financiamiento e infraestructura.
La presentación judicial contrapone el avance unilateral del complejo petrolero a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas con la falta de autorización del Estado argentino, invocando el incumplimiento de la legislación ambiental nacional y la vulneración de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre soberanía.
Fases del proyecto, argumentos de la demanda y antecedentes de inhabilitación
El escrito reúne las dimensiones de protección ecológica del Mar Argentino y la ratificación imprescriptible de la soberanía sobre el Atlántico Sur bajo la figura de "tutela ambiental soberana".
Respecto del cronograma operativo de la plataforma, los fundamentos legales del reclamo y las sanciones administrativas previas vigentes, se destacan los siguientes ejes centrales:
En relación con el perfil operativo y las proyecciones de Sea Lion, el desarrollo contempla dos fases iniciales operadas por Navitas (65%) en sociedad con Rockhopper (35%), sumando 23 pozos submarinos conectados a una unidad flotante FPSO para extraer petróleo desde marzo de 2028. Recientemente, Rockhopper anunció el inicio de obras costeras, la adquisición de la FPSO OSX-1 por US$ 125 millones y la firma de un memorando para una segunda unidad que elevaría la capacidad productiva total a 180.000 barriles diarios.
En cuanto a los fundamentos jurídicos y el reclamo ambiental, los demandantes señalan la ausencia de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) conforme a la Ley 25.675 y el incumplimiento de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que prohíbe modificaciones unilaterales en áreas bajo disputa territorial. La acción advierte sobre riesgos sistémicos de derrames, contaminación sonora y alteración de los lechos marinos en la plataforma continental patagónica.
Sobre las sanciones oficiales preexistentes, la demanda evoca las resoluciones de la Secretaría de Energía que declararon clandestinas e inhabilitadas por 20 años para operar en Argentina a Rockhopper (Resolución 456/2013) y a Navitas (Resolución 240/2022). Dichas inhabilitaciones fueron ratificadas por la Cancillería en diciembre de 2025 al desconocer la competencia de las autoridades coloniales para otorgar licencias en las áreas PL032 y PL004b.
En relación con las medidas solicitadas y el cerco financiero, además de exigir la parálisis de las obras físicas y perforaciones, la presentación requiere bloquear transferencias, desembolsos y contratos de financiamiento. Para ello, pide notificar la existencia del proceso judicial a los mercados bursátiles y organismos de control para comprometer la responsabilidad de bancos, aseguradoras y fondos de inversión participantes.
Implicancias sobre el estatus de la plataforma continental
La acción radicada en Tierra del Fuego coloca nuevamente las operaciones no autorizadas en Malvinas en el plano del control judicial argentino, articulando la preservación de los ecosistemas marinos con la disputa diplomática del Atlántico Sur.
El tribunal interviniente deberá evaluar el pedido de cautelar sin dar traslado previo a las empresas, en un marco donde el consorcio internacional busca acelerar los contratos de equipamiento clave para comenzar la perforación marina a principios de 2027.