Durante la apertura de la II Cumbre de Bioetanol celebrada en San Miguel de Tucumán, autoridades nacionales, los gobiernos de Tucumán y Jujuy, legisladores y referentes del sector industrial expresaron un contundente respaldo político a la sanción de un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. El reclamo central de la región apunta a elevar de forma gradual el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, garantizando seguridad jurídica de largo plazo para fomentar inversiones en los ingenios y destilerías del Noroeste Argentino (NOA).
Frente a la existencia de siete proyectos con matices en el Congreso Nacional, la estrategia parlamentaria del oficialismo contempla avanzar en el Senado con la propuesta impulsada por Patricia Bullrich. No obstante, para destrabar el tratamiento legislativo, el Ejecutivo evalúa un "Plan B" centrado en desglosar la norma para aprobar de manera exclusiva el régimen del bioetanol y postergar el debate relativo al biodiésel.
Posicionamiento de las provincias, consensos y variables en debate
Los mandatarios y ministros del Norte enmarcaron la reforma regulatoria dentro de una agenda de desarrollo federal para corregir las asimetrías históricas entre las provincias productoras y el centro del país.
Respecto de las declaraciones de los funcionarios, el impacto en la cadena de valor y las condiciones del mercado, se destacan los siguientes ejes centrales:
En relación con el postulado político de Tucumán y el reclamo de seguridad jurídica, el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo remarcó que la industria azucarera cuenta con la capacidad instalada para abastecer el incremento del corte, pero advirtió que la ampliación de plantas exige reglas estables que no dependan de las petroleras: "No estamos pidiendo ningún privilegio; para que esa inversión se realice necesitamos seguridad jurídica", sostuvo al ratificar el apoyo al proyecto en el Senado.
En cuanto al impacto socioeconómico en Jujuy y el funcionamiento del mercado, el gobernador Carlos Sadir señaló que la inminencia del cambio normativo representa una alternativa estratégica de desarrollo para los trabajadores e ingenios de la provincia. Asimismo, enfatizó que la discusión debe establecer mecanismos de transparencia en la formación de precios y en la regulación de la oferta entre caña de azúcar y maíz.
Sobre la articulación de la Liga de Biocombustibles y el rol del sector privado, el ministro de Economía tucumano, Daniel Abad, valoró el trabajo técnico consensuado entre Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Tucumán y Salta. Abad afirmó que los estados provinciales ya cumplieron su etapa al generar el marco político, trasladando la responsabilidad a los empresarios para ejecutar los desembolsos una vez sancionada la norma.
Reforma de la Ley N° 27.640 y composición del mercado
La iniciativa impulsada en la Cámara Alta por La Libertad Avanza contempla un régimen de promoción a 15 años que eleva el corte de bioetanol al 15%, reservando de manera equitativa un 6% para el sector sucroalcoholero de la caña y un 6% para la industria del maíz, dejando el margen restante para licitaciones abiertas.
El proyecto establece además la prioridad de provisión nacional y fija techos de precios alineados con paridades internacionales. Con un impacto estimado en el surtidor de entre el 3% y el 10%, el aumento de las mezclas renovables busca reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y consolidar el perfil de transición energética del país.