A pocas semanas del inicio de la temporada de mayor consumo energético, el plan del Gobierno para retirar al Estado de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y delegar dicha tarea en el sector privado enfrenta una resistencia creciente. La Asociación de Consumidores Industriales de Gas de la República Argentina (ACIGRA) envió una nota formal a la Secretaría de Energía advirtiendo sobre serios riesgos en el abastecimiento, los precios y la competitividad de las fábricas.
La entidad, que representa a gigantes como Aluar, Arcor, Cargill y Profertil, manifestó su "preocupación" por un diseño que considera distorsivo. "Podrían implementarse medidas sobre la asignación del GNL importado que afecten la competitividad de la industria nacional", sostuvo la organización. El núcleo del reclamo reside en que el nuevo esquema traslada una complejidad operativa y financiera que muchas compañías no están en condiciones de absorber frente a un mercado internacional volátil.
Incertidumbre operativa y riesgos de "posiciones abusivas"
Los grandes consumidores industriales señalaron que es inviable exigir a cada empresa una estimación exacta de su consumo para los meses de frío. Según argumentaron, la demanda depende de variables imposibles de controlar, como las fluctuaciones de temperatura y las restricciones técnicas del sistema de transporte de gas. Esta falta de certezas, advierten, podría forzar a las empresas a pagar sobrecostos por contratar gas de más o, en el peor de los casos, enfrentar paradas de planta por faltantes críticos.
Por otro lado, ACIGRA alertó sobre la posibilidad de que la apertura del mercado a nuevos actores privados derive en distorsiones comerciales. La entidad teme que se generen "posiciones abusivas" o rentas extraordinarias, dado que se trata de un mercado con alta concentración y niveles de transparencia insuficientes. Asimismo, remarcaron que gran parte del entramado industrial argentino carece de la estructura técnica para gestionar contratos de importación de energía a escala global.
El "camino intermedio": El pedido para mantener el rol del Estado
Ante la inmediatez del invierno 2026, los industriales propusieron una transición más gradual para evitar disrupciones en la producción. El planteo consiste en que el Estado mantenga, al menos por esta temporada, el rol de centralizar la compra de los cargamentos. La propuesta sugiere que el Gobierno defina los volúmenes y garantice un precio uniforme para el GNL y su proceso de regasificación, el cual sería financiado directamente por la propia demanda industrial.
Esta postura busca garantizar la previsibilidad de costos en un período donde la energía es un insumo determinante para la estructura de precios de la economía. Los industriales consideran que una salida abrupta del Estado, sin un marco regulatorio sólido y probado, pone en peligro la estabilidad de sectores que explican la mitad del consumo de gas industrial del país.
Licitaciones en curso y el fantasma de la compra de emergencia
Mientras se desarrolla el conflicto con la industria, la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa) continúa con el proceso de licitación para hallar un operador privado. En la reciente apertura de sobres técnicos, se conocieron las ofertas de la comercializadora global Trafigura y la energética Naturgy, aunque los términos económicos permanecen bajo estricta confidencialidad.
La urgencia es máxima, ya que el primer buque de GNL debería atracar en las costas argentinas a fines de abril para inyectar fluido al sistema. Fuentes oficiales admiten que, si las negociaciones con los privados no se cierran a tiempo, el Gobierno deberá recurrir al esquema tradicional y realizar una compra de emergencia a través de Enarsa, lo que implicaría postergar el objetivo de privatización plena de la importación hasta el año 2027.